El presidente Morales, luego de horas de silencio y tras duras críticas, escribió en Twitter que las declaraciones que hizo en Morochata fueron una “broma” que fue malinterpretada, por lo que pidió disculpas.

“Durante las entregas de obras compartimos reflexiones y esperanzas con nuestro pueblo. A veces contamos anécdotas para animarnos en un momento de alegría. Si mi desafío con espíritu deportivo y bromista para lograr 100 por ciento de votación en Morochata fue malinterpretado, pido disculpas”, escribió el Primer Mandatario.

El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, aseguró que el “ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza a cambio del voto es un delito” y lamentó el “deplorable el silencio cómplice del TSE”.

Morales, el pasado martes en Morochata, le dijo al alcalde de ese municipio, Pedro Mercado, que “estamos en elecciones. Yo sé, hermanos, que aquí no solamente con el 90 por ciento; 100 por ciento (de apoyo). Hermano Alcalde de Morochata, si me garantizan el 100 por ciento (de votos), lo que ustedes pidan el próximo año”.

No es la primera vez que el Mandatario hace este tipo de promesas. El 16 de mayo hizo la misma propuesta en un acto en Caranavi, La Paz, pero todavía no estaba publicada la convocatoria a elecciones.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, presentó una denuncia ante el TSE contra Morales y el canal estatal Bolivia TV, por “prebendalizar” y “electoralizar” un acto gubernamental.

El inciso f del artículo 119 de la Ley del Régimen Electoral establece que está prohibida la propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de medios, que “implique el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza”.

El Reglamento de Campaña, en su artículo 26, parágrafo III, señala que la propaganda gubernamental difundida en el periodo desde la convocatoria a elecciones generales hasta 30 días antes de la jornada de votación no deberá contener mensajes que soliciten el voto, que promuevan candidaturas, difundan ofertas programáticas o se refieran a los partidos políticos y alianzas participantes en el proceso.

Santamaría recordó que la norma electoral establece que en esos casos se debe sancionar al medio de comunicación, además de emitir una sanción económica en contra del partido que hubiera incurrido en el delito electoral.

El senador Arturo Murillo (UD) señaló que el Presidente “está ofreciendo obras por votos, entonces está violando la ley. Él concentra y usa el poder y los recursos para hacer campaña y decir a la gente que si quieren obras tiene que votar por él, eso es prostituir la política”.

El legislador aseveró que “tenemos las manos amarradas” porque los llamados a tomar acciones “son el TSE, pero ellos son serviles al poder y hacen lo que el poderoso les manda”. Por ello, Murillo convocó a la población a movilizarse porque “el TSE no sirve (…) ellos están garantizando una sola cosa, el fraude del 20 de octubre”.

Al respecto, el abogado constitucionalista Williams Bascopé dijo que Morales no puede electoralizar un acto de entrega de obras, como ocurrió en Morochata, y que se trata de un delito electoral.