En el marco del Código de Conducta adoptado por la Asamblea General de la ONU, del 17 de diciembre de 1979: “Los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que le impone la ley. Sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. Esto es, que las autoridades públicas están para cumplir la Constitución y las leyes, proteger la dignidad humana y los derechos humanos.

De acuerdo a ello, el servicio público debe abrirse, por un lado, a la participación de los ciudadanos y efectuar un exhaustivo control responsable y eficiente a las autoridades independientemente de su estatus y atribuciones y, por otra, implica exigir eficacia y coherencia en los fines y objetivos programados. 

Bajo esta perspectiva, para Nuñez Tórres el Estado social y democrático de derecho, “Es el complejo institucional jurídico-político conformado por poderes limitados, donde la pluralidad social, política y jurídica se integran en una Constitución democrática, con base en la declaración y garantía de los derechos humanos…”; entender lo contrario podría generar un déficit y graves anomalías que definitivamente afectarían la libertad y los derechos fundamentales de las personas.

Para centrarnos en el análisis jurídico-constitucional,  para el sistema de gobierno la Constitución de 2009, ha dejado de ser cúspide y supremacía del Estado de Derecho, por ser el propio presidente y su entorno de idólatras quienes la vulneran sistemáticamente. 

Recordemos que Morales Ayma, se valió del Tribunal Constitucional Plurinacional para reelegirse por tercera vez (periodo 2015-2019), mandato que es ilegal e inconstitucional; pero la mancha oscura para la historia de Bolivia no se detiene ahí, sino que impulsado con la fuerza en que despejan los cohetes de la Base de Cabo Kennedy al espacio sideral, promueve la convocatoria a Referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución y el pueblo el 21 de febrero de 2016 le dijo categóricamente NO  A LA REFORMA Y –si no lo ve y menos lo quiere entender-, 2.682.517 de ciudadanos votantes  que representa el  51,3 %, libremente, sin prebendas, ni presupuesto millonarios de publicidad, le dijeron NO a un cuarto mandato. Sin embargo, en lugar de irse a su chaco, se retracta y nuevamente manipula al Constitucional para extraerle la SCP 0084/2017, en flagrante vulneración del artículo 202.1 de la Constitución, que no permite la mutación del texto constitucional mediante acción abstracta de inconstitucionalidad.

El modelo distorsionante no se quedó sólo en esta faceta, sino que cumplida la etapa en el Tribunal Constitucional Plurinacional directos responsables de violentar su propia Constitución, los mandataros antidemocráticos integrando órdenes políticas hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Tribunal Supremo Electoral TSE), logran la Ley de Organizaciones Políticas y su habilitación primero, para las elecciones primarias de 27 de enero de 2019 y subsecuentemente para las elecciones generales de 20 de octubre del presente año; consolidando en su ecuación la perpetuidad en el poder del binomio Morales Ayma y García Linera, régimen autoritario y despótico, que no se conforma con la mutación constitucional de los artículos 7 y 168 de la Constitución; sino que genera una parálisis o atrofia imperdonable del sistema democrático y constitucional del país.

Si bien, sus propósitos han sido alcanzados primariamente, por la subordinación desmedida y oprobiosa de los tres  órganos del Estado (TCP, ALP y TSE), la verticalidad impostora parece desvanecerse y no por los neoliberales o vende patrias; sino por los vínculos con los clanes del  narcotráfico Montenegro Paz, Candia Castedo y el colombiano Jhon Wilson Díaz Velez, que al prender la ventiladora implican a  autoridades nacionales del sistema de gobierno; organizaciones criminales que de no mediar la efectiva intervención e incautación de las policías antidrogas de los países de Paraguay, Brasil, Argentina y Panamá, jamás se hubiera descubierto que de Bolivia salen aproximadamente entre 30  vuelos diarios con carga de  cocaína y no solamente de los aeropuertos del Beni, sino de Viru Viru, Copacabana,  y otras que fueron construidas en el actual sistema de gobierno. El Ministro de gobierno en lugar de intervenir aeropuertos del Beni ¿por qué no se inspeccionan e informa de los vuelos que salen de Chimoré? Y  ¿quiénes autorizaron la importación de 200 avionetas entre el 2012 -2014 y con qué fines? ¿Quién controla y autoriza la importación de químicos de mercados vecinos? Y en definitiva  aunque sea con matices reflejo, pero si con decisión firme por qué  no se investiga los nexos de Pedro Montenegro Paz y Jhon Wilson Díaz Velez con la poderosa mafia calabresa que controla la cocaína en Europa y factura $US 37.000 millones por año.

Por último, el Tribunal Supremo Electoral, ante posibles delitos electorales (art. 239 de la L. 026), supuestamente cometidos por Gleizi Nakashi y otros, integrantes de la brigada móvil del Beni, que fueron encontrados en labores de empadronamiento con documentos, equipos del (OEP) y dineros, para que ciudadanos de Riberalta se registren como votantes en localidades de Pando, el sábado 15 de junio de 2019, el vocal Antonio Costas con derivar el caso al Ministerio Público su posición no es del todo adecuada ni legal, porque al TSE le corresponde abrir proceso administrativo a todos los integrantes de la Brigada Móvil e identificar quiénes ordenaron su desplazamiento, pues ambos procesos no son incompatibles. Si no se sienta precedente el fraude será incontrolable, más allá de que el Vocal Costas dice: “las brigadas móviles están siendo constantemente supervisadas” ¿satelitalmente? Suena más a  lírico que real, imaginemos lo que puede estar sucediendo en el exterior. En sentido público, los ciudadanos conscientes y libres tienen el derecho a decidir por la democracia o la narcodemocracia.