La polémica surgió tras que el presidente Morales visitara el martes el municipio de Morochata, en Cochabamba, donde entregó 17 baterías de atajados.

En el acto público trasmitido por las estatales radio Patria Nueva y Bolivia Tv, el gobernante se dirigió al alcalde de esa región, Pedro Mercado, y le dijo que si éste “garantizaba” el 100% de la votación en favor de su candidatura, a cambio, daría a esa localidad lo que pida, pero el próximo año.

“Yo sé, hermanos, que aquí no solamente con el 90% (de votos), 100% (de votación). H ermano alcalde de Morochata, si me garantizan el 100% (de votos), lo que ustedes pidan el próximo año”, señaló.

Denuncias por falta electoral

Los diputados de la opositora Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría y Eliane Capobianco anunciaron, por separado, la presentación de una denuncia contra Morales por supuestamente incurrir en un delito electoral al hacer ese tipo de ofrecimientos.

A juicio de Santamaría, “se pretende prebendalizar los votos al hacer ofrecimientos a cambio de recibir una mejora gubernamental”.

También se sumó a los reclamos el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien en Twitter escribió que “ el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza a cambio del voto, es un delito (Ley 026, art. 119). Las prácticas clientelistas del #MAS para comprar la conciencia ciudadana son inaceptables. Deplorable el silencio cómplice del @TSEBolivia”.

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El artículo 119 de la Ley del Régimen Electoral señala en su inciso “f” que “está prohibida la propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de medios de comunicación, que (…) implique el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza”.

A su turno, el líder de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, consideró en la misma red social que Morales actúa “cual si fuera un patrón que entiende al país como su hacienda, su TSE calladito”.

“Lo que esperábamos es un poco de dignidad del Órgano Electoral para hacer su trabajo, para actuar de oficio y, por lo tanto, iniciar las sanciones regulatorias, como manda del reglamento”, algo que a la fecha no ocurrió, lamentó Santamaría, quien además dijo que las sanciones deben alcanzar a los medios estatales.

Capobianco, por su lado, apuntó que “ está prohibido que utilice obras del Estado” para ese fin. Observó “una serie de irregularidades que comete Evo Morales en su desesperación de conseguir votos” porque “todas las obras que está entregando es con dinero de todos los bolivianos y no con el dinero de Evo”.