Concretamente, ambas federaciones demandaron al Ejecutivo el uso de la fuerza pública en contra de los explotadores ilegales del oro que operan en el cantón Arcopongo, municipio de Inquisivi, La Paz, y en la Amazonia boliviana.

“La AJAM, por Ley 535, es la encargada de hacer respetar con el uso de la fuerza pública, como con el Ejército, tal ocurre en Perú (…). De las áreas que están siendo explotadas en Arcopongo tiene conocimiento la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, Ajam”, señaló el secretario de Minería de Fecoman, Jhonny Silva.

EMPRESARIOS

La Cámara Nacional de Comercio (CNC), a través de su presidente, Marco Salinas, denunció que la entidad estatal, (Ajam) no cumple su rol fiscalizador sobre la actividad de explotación minera, sobre todo en La Paz, donde tanto la exploración del oro como de los áridos no son sujetos de control estatal alguno. 

“La Ajam hace mucha noticia cuando agarra de vez en cuando a uno, y el tema es mucho más grande en este caso, porque tenemos cooperativas que no tienen las licencias oportunas y la explotación del oro se constituye en la principal actividad minera de La Paz, puesto que es el primer producto de exportación del departamento, eso significa que estamos perdiendo regalías”, cuestionó Salinas.

REUNIONES

“Hemos tenido reuniones con la Ajam, no sólo con el tema de la explotación de oro, sino también con el de los áridos (…). Tenemos una situación muy difícil y no está reglamentado, como debía procederse, porque son regalías que pierde el Departamento; hemos pedido a la Ajam que actúe de forma coherente pero no abusiva y prepotente como lo ha estado haciendo”, señaló.

Esta semana el director del ente regulador, Erick Ariñez, quien fue en el pasado reciente director de Impuestos Nacionales, desmintió la versión de Salinas.

En conocimiento de la explotación y comercialización ilegal del oro por cinco cooperativas, que incursionaron ilegalmente 50 cuadrículas en el cantón Arcopongo del municipio de Inquisivi, Salinas lamentó que la Ajam no realice un control más efectivo sobre la principal actividad minera de La Paz, como es la exploración aurífera. 

DERECHOS MINEROS

Silva lamentó que el ente regulador no haya coadyuvado a la Cooperativa Ullukaya Condoriri en la obtención de derechos mineros, sabiendo que realizó sus trámites procesales, ante el Estado antes de ser declaradas inmovilizadas 50 cuadrículas en el cantón Arcopongo el 2014.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), René Butrón, lamentó que mientras unas cooperativas pagan regalías mineras y cumplen con las exigencias de ley, hay otras que no dejan un solo peso al Departamento.

“Hemos hecho nuestra representación también porque es injusto para los cooperativistas que nos piden cumplir con todos los requisitos, cumplimos, pero hay otros que avasallan, hacen explotación ilegal y es lo que hemos reclamado”, señaló el dirigente.

Según la denuncia, que es de conocimiento de la entidad pública, las cooperativas Villa Santiago Creston, Chaquety Plaza, Chaquety la Plaza, Elena Pampa Río Chaquety y Palma Flor no sólo explotan en un área sobre la que tenína derecho preferente para explotar antes de que se declararán inmovilizadas las 50 cuadrículas, sino que también comercializan el oro que extraen a gran escala.

COMPETENCIAS

El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) atribuyó a la Ajam la responsabilidad de establecer los tipos penales en las que estarían incurriendo las cooperativas mineras en el citado cantón, por avasallamiento y explotación ilegal del oro.