“Las inscripciones fraudulentas en el padrón electoral de Riberalta son otra muestra de las inaceptables irregularidades en la actual gestión del  OEP (Órgano Electoral Plurinacional).  La gravedad de este hecho delictivo evidencia el riesgo inminente de manipulación del voto y del fraude electoral”, tuiteó el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

 Por su parte, Oscar Ortiz, candidato de Bolivia Dice No, afirmó que con los sucesos de Riberalta se comprueba los afanes desde el TSE y el MAS para distorsionar el proceso electoral. “Esto muestra claramente que no tenemos un tribunal confiable, creíble, imparcial y que garantice la transparencia de las elecciones”, expresó.

Víctor Hugo Cárdenas, postulante de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), sostuvo:  “¡Fraude en marcha y descarado!”. 

“Algunos aún persisten en presuponer que  se puede controlar a este TSE, que está mal pedir su renuncia, y que el pueblo derrotará el fraude”, afirmó Cárdenas  por la misma red social,    quien además cuestionó: “¿Por qué se oponen a pedir la renuncia, clamor de más de dos tercios de la ciudadanía?”. 

Para el candidato a la presidencia del  Movimiento Nacionalista Revolucionario, Virginio Lema, el hecho “es un delito electoral” y debe ser sancionado.  “Todos los delitos electorales, al igual que cualquier delito en nuestro país, se tienen que penar con cárcel. Espero que el Órgano Electoral actúe en consecuencia”, sostuvo.

Por su parte, Félix Patzi, candidato del Movimiento Tercer Sistema,  afirmó que las denuncias de Riberalta evidencian un fraude electoral con el fin de sumar puntos para el MAS en lugares donde no tiene opción de ganar, reportó la ANF. 

“Es una pena que estemos mostrando, antes de que se lleven las elecciones, intenciones serias de fraude, porque uno traslada gente de un lugar a otro lugar de municipios pequeños, incluso si han llevado de Riberalta a Pando sabiendo que en Pando probablemente pierdan las elecciones”, afirmó el también Gobernador de La Paz.

La autoridad resaltó que detrás de estas acciones está el Gobierno, pues teme que en Pando no lleguen a tener la cantidad necesaria de asambleístas para tener 2/3 en la Asamblea.

“No quieren perder los 2/3 en la Asamblea. El miedo mayor por parte del Gobierno, precisamente, es la parte de los asambleístas y eso  podría explicar esta situación de traslado de personas”, aseguró.

“La gran mayoría de bolivianos sentimos que el MAS (Movimiento Al Socialismo) y el TSE no respetan el voto y que habrá fraude.  Ante ese sentimiento del pueblo, la responsabilidad de la oposición es unificarse. Hemos contribuido a esa unidad. Estamos esperando que el resto lo haga”, sostuvo Samuel Doria Medina, el líder  de Unidad Nacional.

El director  del Servicio de Registro Cívico, José Antonio Pardo, afirmó que de acuerdo con   la Ley de Régimen Electoral, “el procesamiento o investigación está a cargo de la justicia penal”. “Derivamos las denuncias respectivas durante la misma jornada del 15 (de junio) ante el Ministerio Público”, dijo. 

 El MAS critica a la  oposición

 La oposición, cuando pide la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sólo busca que la población boliviana no participe de las próximas elecciones generales del 20 de octubre, señaló la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, antes de  añadir que esta actitud vulnera los derechos democráticos.

Para Salvatierra, la renuncia de los vocales también implica iniciar una nueva convocatoria, un nuevo proceso, lo que inviabilizaría, en términos de plazos, las elecciones generales. Ello  atentaría –refirió– al derecho de los ciudadanos de emitir su voto.

“A título de hacer política no se puede inviabilizar el ejercicio de los derechos democráticos del pueblo boliviano”, señaló Salvatierra.

La autoridad  recordó que en julio de 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que el Padrón Electoral de Bolivia tiene un porcentaje de confiabilidad de 98,7.  Asimismo, manifestó que  se espera que en agosto de este año se entregue la certificación ISO Electoral (ISO/TS 17582), según nota de prensa del Senado.