Concejal Vicencia Apaza /Archivo/ERBOL

La Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto falló el viernes a favor de la concejal de San Pedro de Curahuara, Vicencia Apaza, y determinó la reincorporación y anulación de la suspensión emitida por el Concejo Municipal después que presentó una acción de amparo constitucional tras ser suspendida del cargo en abril pasado.

Apaza tras ser alejada del Concejo Municipal, presentó ante la Defensoría del Pueblo una denuncia de acoso político por parte de sus pares, por lo que la institución inició una investigación y se constituyó, junto a la Asociación de Concejalas de La Paz (Acolapaz) y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), en tercero interesado en la acción de amparo constitucional presentada por la concejala ante el Tribunal Departamental de La Paz en contra del presidente, vicepresidenta y secretario del Concejo Municipal y del Alcalde de ese municipio.

En diciembre de 2018, la concejal Vicencia Apaza (MPS) denunció que junto a su colega Zaida Mery Choque (MAS), son víctimas de acoso político, a consecuencia de haber denunciado hechos de corrupción. Como antecedente, Apaza explicó que en 2016 junto a Choque presentaron una denuncia penal por uso indebido de bienes del Estado, porque la camioneta del Concejo Municipal estaba siendo utilizada para fines particulares de la directiva, en actividades como traslado de muebles, heladoras, colchones, arroz y hasta pollos broaster.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó que el Tribunal consideró que los derechos al trabajo, petición, presunción de inocencia, defensa y debido proceso de la concejal Apaza, fueron vulnerados por los concejales, por lo que se le concedió la tutela solicitada y determinó que ella no puede ser alejada del cargo hasta que se verifique la suspensión o pérdida de mandato mediante una resolución ejecutoriada.

Cruz explicó también que en la audiencia, la Defensoría del Pueblo argumentó que las resoluciones emitidas para suspender del cargo a la concejala fueron arbitrarias y que éstas no estaban enmarcadas en la normativa válida para autoridades municipales electas y por ello debían considerarse como medidas de hecho en contra de ella. Dijo que se comprobó hechos de acoso político en contra de Apaza con la finalidad de acortar o suspender su mandato sin un fundamento legal establecido en normativa interna o normativa nacional.