En una entrevista con los medios estatales, Romero dijo que el asesinato con un disparo de arma de fuego del dirigente de La Asunta, Eduardo Apaza, es un hecho doloroso, pero «confirma aquello que se venía denunciando en los últimos años acerca de la actividad de algunos dirigentes de Adepcoca que han recurrido al matonaje y sicariato, y violencia para someter a las comunidades en los Yungas».

El Ministro de Gobierno mostró la declaración de Artemio Surco Mamani, acusado del asesinato, documento en el que, el acusado, reconoce que lo contrataron para asesinar a Apaza y relacionó con el crimen a Sergio Pampa y Edgar Bautista, dirigentes de Adepcoca.

Romero dijo que se intentó presentar el caso como persecución política, cuando los dirigentes de Adepcoca, en una actitud política, estaban negociando curules parlamentarios con el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

«Son personas que han utilizado el matonaje contra comunarios en los Yungas para amedrentarlos y controlar la Asociación de Productores de Coca, imponerles cobros de sumas de dinero por las licencias de comercialización, para inclusive enfrentar a la policía, se ha provocado muertes de policías que cumplías tareas de erradicación en los Yungas de La Paz, heridos con armas de fuego», refrendó.

Remarcó las declaraciones del acusado del asesinato en un video que circula en varios medios.

«Ahí vemos a una persona que es el autor directo de un hecho de asesinato, el señor Artemio Surco Mamani, quien fue detenido en flagrancia por comunarios y entregado al DACI en la jornada del amanecer del 14 de junio», refrendó.

El Ministro de Gobierno recordó que el caso está en manos del Ministerio Público y, por tanto, corresponde a la Justicia sancionar al autor material y a los autores intelectuales de ese asesinato.

«En este caso hay un autor infraganti confeso, hay un testigo, un acompañante de la víctima, hay otros elementos que seguramente habrán sido colectados por miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en su trabajo de campo y obviamente la autopsia de ley, la verificación de otros elementos objetivos que puedan establecer responsabilidad y es lógico que se tiene que sentar un precedente muy drástico porque no puede ser que una parte de los Yungas del departamento de La Paz sea todavía objeto de acciones de matonaje donde se pretende imprimir la ley del más fuerte, la ley del que usa la violencia, la fuerza, el sicariato para imponer sus decisiones», complementó.