Si uno revisa la historia de este órgano - antes llamada Corte Nacional Electoral (CNE) - a través,  de su sitio web, a grandes rasgos se puede apreciar que desde su instauración, en 1956, hasta 1991, fue dependiente  de los partidos políticos en función de gobierno. No obstante, a partir de 1991 la CNE se muestra imparcial e independiente, a la vez extiende sus atribuciones y tareas, y los partidos se retiran de este organismo y entregan su administración a personalidades destacadas, bajo la dirección de Huáscar Cajías.

Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, en 2009, este organismo se funda con igual jerarquía constitucional a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con autonomía y competencias de “control contramayoritario. “No recibe instrucciones ni presiones de ningún poder fáctico”, se lee en la   web oficial de este órgano del Estado, lo que en definitiva queda en letra muerta porque la realidad es otra.

Según Przeworki, politólogo polaco, el control contramayoritario es una modalidad de “frenos y contrapesos” que recae directamente sobre los órganos Judicial y Electoral, que tienen como finalidad velar por el respeto de las leyes sin someterse a los dictámenes del partido que representa los órganos Ejecutivo y Legislativo. Esta noción  queda absolutamente disímil, ya que el poder en más de 13 años no ha hecho más que asentarse hasta la raíz y someter a las instituciones a la vida partidaria y no propiamente a la vida institucional. 

Revisando todos estos elementos de orden histórico,  así como principios y valores institucionales, ¿el OEP qué garantías puede brindar a la población para llevar el proceso eleccionario de octubre de manera transparente? La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, señala que los y las bolivianas serán “garantes” de estas elecciones. En ese sentido, es necesario controlar y vigilar cada etapa del proceso electoral por la falta de garantías del TSE. 

Lamentablemente, el TSE se acomodó al calendario y a la campaña electoral del partido de gobierno. Las reglas de juego quedan para el poderoso, en otras palabras, es poner al árbitro de su lado, lo cual no es saludable para la democracia, teniendo como antecedente lo acaecido este último con el Tribunal Constitucional, cuando favoreció la repostulación del binomio Evo-Álvaro sabiendo íntimamente que es ilegítima e ilegal. Si hubo o no transparencia del TSE se sabrá después de las elecciones que, sin duda, marcarán un antes y después para la historia.