De principio, acaso se trata de un callejón sin salida, da a entender el analista político Carlos Böhrt: “Hay razones que justifican las movilizaciones pidiendo la renuncia; lo que no creo es que sea viable. La designación de nuevos vocales tomaría su tiempo y afectaría al actual proceso electoral”, más aún cuando tendría que ser la misma Asamblea Legislativa, mayoritariamente masista, la que designe de nuevo a los vocales.

Pero queda la cuestión: ¿cómo llega el actual TSE a la organización de las elecciones generales de octubre?

Los vocales titulares del TSE fueron designados en julio de 2015, su mandato, de seis años (“sin derecho a postularse nuevamente para el desempeño del mismo cargo”, Ley del Órgano Electoral) acaba también en julio de 2021. Para su fortuna o desgracia, según quién vea, a este TSE le tocó el más intenso periodo electoral de la historia (ver la cronología adjunta). Como recuerda su actual vicepresidente, Antonio Costas, fueron designados tras el acortamiento de mandato del anterior Tribunal (obligado a renunciar por el propio MAS); a los dos meses (en septiembre) ya tuvieron que llevar a cabo los primeros referéndums de aprobación de estatutos y cartas orgánicas; poco más de cuatro meses después, en febrero de 2016, llevaron a cabo el referéndum parteaguas del gobierno del MAS, el célebre 21F; luego, en medio de las consecuencias de la consulta constitucional, al año siguiente, en diciembre de 2017 deben organizar las segundas elecciones judiciales de la historia; pero he aquí que semanas antes se le cruza, como a todo el país, la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que da validez a la repostulación indefinida de todas las autoridades electas (28 de noviembre de 2017); a mediados de 2018, fruto del trabajo de más de dos años, el TSE presenta a la Asamblea la Ley de Organizaciones Políticas; había el consenso de su aplicación progresiva y que lo mejor era tratarlo no en año electoral; el proyecto, dice Costas, prácticamente “languidecía” en la Asamblea, pero fue el MAS que la retomó y aprobándola en tiempo récord (menos de tres meses, pues fue promulgada el 4 de septiembre) removió todo el panorama político que siguió luego, incluso del propio TSE, con la renuncia de tres vocales.

Cuando para el analista político Marcelo Silva acaso el momento de mayor credibilidad del TSE fue en febrero de 2016, por el proceso mismo (fue cuando se estrenó el sistema TREP, Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares), Costas matiza en el sentido en que de modo equivocado se tiende a ver el desempeño del Órgano Electoral por el resultado de la votación: ganó el No a la repostulación y el TSE es bueno; la mayoría dice No a los estatutos o en la elección judicial dos tercios vota o nulo o blanco, es el TSE el culpable, cuando en todos los casos la labor del TSE más bien se puede calificar de “implacable”, afirma.

Otro aspecto que se tiende a dejar de lado, por la enorme carga política que rodea al Órgano Electoral, dice Costas, es su evolución técnica e institucional: desde julio de 2015 empezó una suerte de modernización de sus sistemas y estructura. Una prueba de este avance, destaca, es el ISO electoral. “La certificación ISO concluye con una auditoría. Hace por lo menos un año y medio estamos trabajando en readecuar nuestra organización, nuestro funcionamiento, en cambiar la filosofía de actividades, de planificación, a una nueva visión, de calidad, que se centra en procesos; resultados que pueden ser medidos; esa es la diferencia con el estilo de trabajo del pasado”.

Ahora, reconoce el vocal, la crisis de las renuncias de los vocales sin duda fue la provocada por un hecho más bien externo al TSE: el fallo del TCP que estableció en Bolivia la posibilidad de reelección indefinida. Hoy día mismo Costas mantiene que el fallo del TCP generó lo que se llamó una colisión normativa con el mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F).

“Hubo una presión alta al TSE. El fallo constitucional plantea una colisión normativa, pero también se notó que nadie podía zafarse del fallo. Es controversial, pero tan difícil debe ser esto que hemos pedido una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero hasta hoy no hemos recibido respuesta”.