El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo ayer que el caso Montenegro derivó en el inicio de varios procesos, entre ellos el presunto consorcio de narcovínculos en el que están implicados los exjefes policiales Gonzalo Medina, Fernando Moreira y otros; la duplicidad del auto supremo que disponía la detención preventiva con fines de extradición de Montenegro y otras vinculaciones con el narcotráfico.

Reveló que el Ministerio Público constató que Valencia era propietario de un inmueble que alquiló a la esposa de Montenegro en Santa Cruz y, en el marco de esta investigación, solicitó mediante un juez la remisión de toda esa documentación, toda vez que la esposa del narcotraficante también está investigada.

“La casa en la que vivían el señor Montenegro y su familia fue otorgada mediante un contrato de alquiler por el señor Valencia a la esposa del señor Montenegro”, remarcó.

Sostuvo que Valencia inicialmente será convocado en calidad de testigo y una vez recabados todos los elementos, se establecerá otra calificación jurídica.

“Se lo convocará a Valencia pero previamente tenemos que tener la documentación del juzgado que hace referencia al contrato de alquiler de la vivienda”, precisó.

Aseguró que hay un cronograma para las declaraciones de las personas vinculadas con Montenegro, y lamentó la postergación de las declaraciones del vocal Vargas y del exjuez Paniagua por la falta de policías investigadores. “No había ningún policía investigador que pueda ayudar a la recepción de la declaración del exjuez”, puntualizó.

TCP ENTREGARÁ INFORMACIÓN

El presidente del TCP, Petronilo Flores, dijo que está dispuesto a entregar información de videos de las supuestas visitas que Montenegro realizaba a esta institución en 2016 y 2017, si existen requerimientos de las instancias de investigación, aunque agregó que no tiene conocimiento de esos videos.

“Por supuesto que sí todas las solicitudes que se nos hagan nosotros responderemos, vamos a atender todos los requerimientos en el marco de la ley”, enfatizó.

Consultado sobre la supuesta vinculación del exmagistrado Valencia con Montenegro, dijo que no puede emitir criterios que podrían generar su posible autoexcusa ante la posibilidad de que el caso llegue al TCP.

Hija del fiscal Lanchipa trabaja en la Sala Cuarta del TCP

La denuncia de la vinculación laboral de la hija del fiscal general, Juan Lanchipa, en la sala del magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado, generó ayer diversas reacciones. 

En el TCP, su presidente, Petronilo Flores, admitió que Vania Lanchipa trabaja como radicadora en la Sala Cuarta de los magistrados Hurtado e Iván Espada, pero que no tiene dependencia directa de los magistrados sino de la secretaria de Sala y que su designación de libre nombramiento fue sugerida por Espada.

“No fue propuesto por el magistrado Hurtado para su designación, sino por el magistrado Espada”, aseguró Flores.

Sin embargo, en una planilla que se compartió en las redes sociales, Lanchipa aparece bajo dependencia de Hurtado.

Esta relación laboral de la hija de Lanchipa con Hurtado fue revelada por la senadora Janine Añez, quien denunció que esta “devolución de favores” obstaculizaría la investigación del magistrado en el caso Montenegro.

Esta afirmación molestó a Hurtado quien aseguró que la senadora está falseado la verdad y mellando su dignidad como persona y la de la institución. “Me he sometido al proceso, estoy en derecho, una mentira más de la senadora, sabemos que está en campaña electoral”, apuntó.

Dijo que voluntariamente se apersonó con un memorial en la Fiscalía de Santa Cruz presentando sus descargos que desvirtúan cualquier vínculo con el narco.

“Estoy sujeto a cualquier llamado y requerimiento del Ministerio Público para esclarecer este caso”, aseguró.

El Fiscal General dijo que su hija cumple funciones administrativas en la Sala Cuarta del TCP, en otro despacho que no es de Hurtado.

“Mi hija no trabaja con el señor Hurtado, mi hija accedió a un puesto laboral subalterno con otro magistrado que no tiene ninguna relación, pero esto no impide para que el Ministerio Público lleve adelante la investigación contra estas personas, en particular contra el señor Hurtado”, remarcó.

Lanchipa señaló que con estas denuncias pretenden quebrar su integridad moral, pero dijo que no lo lograrán y que no habrá ningún óbice para investigar “sin privilegios, sin exclusiones” a quienes corresponda.