Dicho informe fue presentado en el marco del “Examen Periódico Universal de Bolivia ante las Naciones Unidas”, al que será sometido nuestro país este año.

“Autoridades del más alto nivel gubernamental en Bolivia, incluyendo al presidente Evo Morales y a su ministro de Gobierno, Carlos Romero, han acusado y amenazado públicamente a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, críticas de sus políticas, demonizándoles y obstaculizando su importante labor”, dijo Amnistía Internacional.

El informe “Bolivia: Hostilidad contra personas defensoras de derechos humanos”, presentado en el contexto del Examen Periódico Universal de Bolivia ante las Naciones Unidas, expone el uso de tácticas de intimidación y estigmatización contra las personas defensoras de derechos humanos y la situación de riesgo y censura que esto ha producido en el país, en un contexto en que el presidente Evo Morales busca la presidencia por cuarta vez.

Este informe incluye además otras de las principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en Bolivia con motivo del Examen Periódico Universal, al que será sometido este país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre de este año.

Entre ellas, se destacan los pedidos a las autoridades bolivianas de garantizar el derecho de los Pueblos Indígenas a ser consultados sobre proyectos que puedan afectarlos, además de fortalecer las capacidades de la Comisión de la Verdad para avanzar en sus investigaciones sobre los crímenes de derecho internacional cometidos durante las dictaduras militares (1964-1982) y llevar ante la justicia a las personas sospechosas de responsabilidad penal.

Amnistía Internacional además ha lanzado una campaña internacional para lograr que las personas que decidan dedicar su vida a defender los derechos humanos en Bolivia puedan hacerlo sin temor a represalias en un espacio libre y seguro.

Esta campaña está impulsada en coalición con las organizaciones bolivianas de derechos humanos Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).

Amnistía internacional denunció en noviembre de 2018 que la presidenta de la Apdhb, Amparo Carvajal, fue hostigada por el Gobierno de Evo Morales que la llamó “patrocinadora de organizaciones criminales” por respaldar en sus reclamos a un movimiento de cocaleros contrarios al Gobierno.

La Apdhb forma parte además de una Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) que se opone a la postulación de Morales, en el poder desde 2006, a un cuarto mandato presidencial.

La oposición ha intentado impedir la candidatura de Morales a un nuevo mandato alegando que un referendo nacional le negó esa posibilidad en 2016. Sin embargo, un año más tarde el Tribunal Constitucional avaló su candidatura bajo el argumento de que era un derecho humano.

Los 13 años continuos de gobierno de Morales se han caracterizado por la estabilidad económica, pero se han visto ensombrecidos por fuertes críticas por supuesta corrupción y dilapidación de los recursos públicos.