El senado sancionó la normativa y lo remitió al ejecutivo para su promulgación.

Uno de los artículos que generó debate entre oficialistas y opositores de la Cámara de Senadores fue el enunciado tres de la ley que modificó el parágrafo III del artículo 119 de la Ley 548, que determina que los medios de comunicación están obligados a contribuir con la formación del niño, niña adolescente y brindando información de interés social, dando cobertura a las necesidades informativas y educativas de ese sector de la población.

Empero, el artículo 1 de la ley señala que el objeto de esa norma es establecer el carácter voluntario de difusión de contenidos de las disposiciones legales por parte de los medios de comunicación. Al respecto, el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, advirtió que hay una contradicción en la norma y que el Gobierno no está cumpliendo con el acuerdo que se llegó el pasado 29 de abril con los representantes de los medios.

“Hemos observado que aún quedan tres normativas que obligan a difundir publicidad gratuita en los medios, además los sancionan a los que no cumplan con estas disposiciones legales. Esto nos parece muy grave y solo fue un discurso político del MAS, al indicar que se iba a quitar la obligatoriedad de difundir propaganda del Gobierno”, puntualizó el legislador.

Sin embargo, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Milton Barón, negó que aún existan normativas que obliguen a los medios con la publicidad gratuita de las disposiciones legales cuestionadas, advirtió que hubo una confusión por parte de los opositores.

Aunque, durante su intervención en el debate de la modificación de ese artículo, Barón manifestó que los medios deben cumplir con la cobertura de información que está vinculado a los niños, niñas y adolescentes y a los programas que son desarrollados para estos sectores.

En una reunión que se desarrolló el 29 de abril, entre los representantes de los medios de comunicación y el presidente Evo Morales, además de sus ministros de Comunicación, Justicia y otros, se acordó la eliminación de la publicidad gratuita de todas las normativas, que aquejan económicamente a los medios privados.

LAS OBSERVACIONES

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) envió una carta a la Asamblea Legislativa haciendo varias observaciones y que al menos tres normas deben ser incluidas en el proyecto de ley que eliminó la publicidad gratuita de medios de comunicación. Sin embargo, estas no fueron consideradas por esa instancia.

El artículo 33 del Decreto Supremo 3461, que reglamenta la difusión y comunicación del Código Niña, Niño y Adolescente, establece que los medios de comunicación están obligados a reportar mensualmente al Ministerio de Comunicación lo establecido en el parágrafo II de esa normativa.

La Ley de la Juventud, en su artículo 50, determina que el Ministerio de Comunicación garantizará la producción de programas y espacios en todos los medios de comunicación orientados a la promoción y protección de los derechos y deberes de la juventud.

Pero la que más preocupa es la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas obliga una vez a la semana a los medios impresos que la publicidad debe estar situada en la mitad de la página de la contratapa del primer cuerpo. Deben enviar una copia de la publicación en un plazo de cinco días hábiles, en caso de que no lo hagan se establece una sanción de Bs 22.969 a Bs 34.454.

Al respecto, Núñez cuestionó que el Gobierno continúe obligando a los medios a la publicación de mensajes de las tres normativas sin recibir ninguna remuneración, además que se los sanciona económicamente e incluso con la suspensión de la circulación.

DENUNCIA

Por otra parte, el legislador anunció que enviará una denuncia al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, haciendo conocer la falta de compromiso por parte del gobierno para dejar de asfixiar económicamente a los medios independientes.

El 13 de febrero de la presente gestión, el relator de la CIDH mostró su preocupación por la obligatoriedad de la difusión gratuita de publicidad estatal, que instituyó el gobierno de Bolivia contra los medios de comunicación privados.

A la vez, aseguró que el Gobierno tiene la intensión de que varios medios impresos independientes desaparezcan, tomando en cuenta que la publicación de estas disposiciones van a contribuir con la asfixia económica de aquellos que no comparten la política del partido gobernante.