El peritaje determinó en su parte conclusiva que: “Las actividades y los actos realizados por el alcalde en su calidad de MAE en el proceso de contratación se ajustaron a lo establecido en el artículo 32 del Decreto Supremo 181”. Y añade: “Sin embargo, la MAE de cada entidad pública es responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión”.

El artículo 32 del decreto establece entre las competencias del Alcalde como la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), como participante del proceso de contratación, “disponer que los procesos de contratación de bienes y servicios se enmarquen en los principios y disposiciones establecidas”.

También designa al Responsable del Proceso de Contratación, nomina a la comisión de recepción y puede cancelar el proceso de contratación en base a justificación técnica y legal.

De acuerdo con las fuentes que accedieron al peritaje del proceso de Mochilas I, cuyo contrato se adjudicó a la Asociación Accidental 26 de Febrero, el alcalde Leyes cumplió con el proceso.

Explicaron que el Alcalde designó un responsable del proceso, delegó a una comisión la calificación, la recepción y luego resolvió el contrato por denuncias de presuntas irregularidades.

Ante el resultado del peritaje que realizó la Fiscalía, se prevé que el alcalde electo José María Leyes, con detención desde abril de 2018 primero domiciliaria por el caso Mochilas I y luego preventiva por Mochilas II, realice una ampliación de su declaración ante el Ministerio Público más adelante.  

Hasta ahora Leyes se abstuvo de declarar en los casos Mochilas I, II y III.

Defensa

La abogada del alcalde Leyes, Andrea Trigo, señaló que aún no tienen conocimiento de forma oficial del peritaje que emitió el Ministerio Público.  

Explicó que el 6 de abril pidieron que se haga la pericia al proceso de contratación para demostrar que todo lo que hizo José María Leyes se enmarcó en el Decreto Supremo 181.

“A la fecha no se hizo la pericia solicitada por la defensa y desconocemos de la pericia del Ministerio Público; recientemente se solicitó a los auditores del IDIF que se nos notifique, pero estamos seguros que eso será algo positivo para la defensa”, indicó Trigo.  

“Las actividades (...)  realizados por la MAE en el proceso de contratación se ajustaron al artículo 32 del DS 181”.

CONCEJALA MOLINA Y TRANSPARENCIA

La concejala Rocío Molina, quien denunció las irregularidades, prefirió abstenerse de emitir su comentario con relación a este tema para evitar malas interpretaciones y que éstas sean usadas por la defensa del Alcalde electo.

“Me abstengo de dar mi opinión sobre los procesos investigados porque da pie a malinterpretaciones por parte de la defensa. Esos elementos de peritaje tienen que ser sometidos a un juez, un fiscal y me imagino que en un juicio se va a determinar la responsabilidad tanto del Alcalde y  su entorno”, dijo.

La hipótesis que maneja el Viceministerio de Transparencia es que la Alcaldía utilizó procesos simulados de contratación para adjudicar las mochilas escolares en las gestiones 2016, 2017 y 2018. El último año no se pagaron los 12 millones a los empresarios de la asociación.