Según información a la que tuvo acceso Cambio, de los seis procesos penales, a la fecha cuatro se encuentran en investigación y dos cuentan con acusación formal.
El principal operador político de Samuel Doria Medina y hombre cercano a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, enfrenta procesos penales desde el 19 de febrero de 2010, fecha en la que fue denunciado por Mirna Gutiérrez por el delito de estafa por sonsacarle 7.000 dólares para una campaña electoral, con la promesa de que la víctima contaría con un trabajo estable luego de las elecciones generales del 6 de diciembre de 2009.
Posteriormente, el 17 de agosto de 2011, el entonces alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, Marcelino Apaza, interpuso una querella contra Barral por el delito de incumplimiento de contrato debido a que se adjudicó la perforación de pozos agua potable en la comunidad Ayru Irama, del departamento de La Paz, por un monto de 40 mil bolivianos.
De acuerdo con la relación de los hechos, Barral en su calidad de gerente general de la Consultora Multipartidaria Ideas Posibles debía ejecutar la perforación de pozos, sin embargo, no cumplió con el contrato, por lo que la Unidad Técnica Financiera y Jurídica de ese municipio recomendó la rescisión al no existir el avance de la obra.
“Amílcar Barral Cabero se compromete a la devolución del monto de 7.440 bolivianos entregado por concepto de anticipo financiero, que hasta a la fecha no ha realizado”, reseña la acusación formal del caso.
En el prontuario de Barral figura otra denuncia instaurada el 11 de abril de 2014 por el entonces diputado oficialista Luis Gallego, que a la fecha se encuentra con acusación formal por los delitos de ejercicio indebido de la profesión y falsedad ideológica, por no existir registro académico del acusado en la Universidad de San Francisco Xavier, donde supuestamente obtuvo el grado de Técnico Superior en Comunicación.
Asimismo, el 7 de septiembre de 2018, servidores aduaneros denunciaron al legislador por el delito de falsificación de documento privado debido a que presentó públicamente un estudio grafológico adulterado de los memorandos de designación de los funcionarios para sustentar que no trabajaban en la Aduana Nacional cuando fueron detenidos ilegalmente por carabineros de Chile, en junio de 2017.
A este glosario de hechos delictivos se suman otras querellas que fueron “cerradas” por el Ministerio Público por los delitos de manipulación informática, violencia familiar o doméstica y difusión e incitación al racismo o a la discriminación.
El último ilícito por el que fue imputado en el grado de autoría se registró el 4 de junio, cuando Barral fue aprehendido en flagrancia al momento de recibir un sobre manila con dinero proveniente de una extorsión al ex alcalde de El Alto Édgar Patana.