El viceministro de Transparencia , Diego Jiménez, junto al fiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata, y el director departamental de la Procuraduría General del Estado, Raúl Serrano, explicó que la intervención de la Comisión de Acción Inmediata “tiene el objetivo de realizar acciones no sólo correctivas, sino también de prevención para luchar contra la corrupción. Hemos tomado conocimiento de los hechos de corrupción suscitados en este municipio y es por esta razón que nos hemos constituido en estas instancias”.

Jiménez detalló que las cuatro denuncias penales, que se presentaron en la Fiscalía de Oruro, están relacionadas a pagos irregulares a la empresa proveedora del desayuno y almuerzo escolar de ese municipio; a la adquisición irregular de medicamentos chinos sin registro sanitario; al incumplimiento en la contratación del suplemento nutricional “Carmelo”; y a la entrega indiscriminada de recursos fiscales “donde se ha detectado un desfalco al Estado a partir del manejo de caja chica” señaló la autoridad.

Las denuncias están dirigidas contra el alcalde Juan Chino (MAS) y varios funcionarios.

El conflicto en Caracollo no es reciente. En julio de 2018, vecinos bloquearon el municipio por hechos de corrupción que enlodan la gestión de Chino.  En mayo pasado, salió a la luz la compra de medicamentos con sobreprecio y el manejo inadecuado de recursos de la caja chica. Ese mismo mes, tres concejales fueron detenidos por hacer una fiesta en salones municipales.