El Tribunal Supremo Electoral, creado por la Constitución Política del Estado, es blanco de virulentos ataques de parte de la oposición y las plataformas ciudadanas con el objetivo de que los vocales renuncien a sus cargos porque supuestamente están parcializados con el Gobierno y preparan un fraude electoral.

Sin embargo, el trasfondo de las protestas es boicotear las elecciones generales que se desarrollarán el 20 de octubre y descabezar a las autoridades electorales que fueron elegidas con el voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La estrategia opositora, que se implementó hace mucho tiempo, comenzó con no avalar la convocatoria y la preselección de los postulantes al TSE y esperó el momento adecuado para descalificar, deslegitimar y criticar el trabajo de las autoridades bajo la acusación insostenible de que son militantes del MAS.

Ahora, la oposición y las plataformas ciudadanas redoblaron sus presiones sobre la institución para reeditar que las autoridades electorales estén al servicio de los partidos de la derecha.

Durante los gobiernos del neoliberalismo las amenazas y las cuotas de poder fueron moneda corriente, por lo que la población recuerda con nitidez a la “banda de los cuatro”, la manipulación o el fraude de los resultados electorales que terminaron beneficiando a los partidos de la derecha como el MNR, ADN, MIR y otros.

La marcha de ayer también fue un escenario para que cadáveres políticos insepultos como Óscar Eid Franco, condenado a cuatro años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, participaran de la movilización para deslegitimar a una institución que tiene como misión acompañar, promover y construir la Democracia Intercultural.

Los opositores y plataformas ciudadanas interesadas en el derrumbe institucional del TSE armaron un discurso ante los medios de comunicación y la población en torno a una confrontación de “institucionalistas” y “masistas”. Halagaron el trabajo de los primeros y atacaron el accionar de los segundos.

El ataque contra la institucionalidad del Órgano Electoral Plurinacional es antidemocrático porque tiene el objetivo de echar sombras sobre el proceso electoral y de paso deslegitimar la candidatura de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera.

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral realiza un trabajo eficiente y eficaz como el empadronamiento masivo en el país y en 33 países; quienes cumplan 18 años hasta el día de las elecciones y aquellos ciudadanos que hayan cambiado de domicilio deben empadronarse. Para esta labor desplegaron 1.732 equipos electrónicos. La tarea concluirá el 14 de julio.

Un tuit del presidente Evo Morales resume el trabajo en el que está enfrascada la oposición: “Mientras en el exterior reconocen nuestro crecimiento económico y la estabilidad social y política, la oposición ataca la institucionalidad y busca debilitar la democracia. Podemos tener diferencias, pero debemos trabajar juntos por la estabilidad y no dañar el proceso electoral”.

La derecha debe hacer la tarea inmediata de elaborar un plan de gobierno que defina con claridad cuál será el modelo económico, político, creación de empleos, industrialización, bonos sociales, hidrocarburos y otros que le interesan a la población.

Los partidos neoliberales deben prepararse para las elecciones generales, convencer a los electores y “ganar calle” con el fin de conocer las necesidades de la gente; hablar con la población, codearse con sectores que históricamente fueron marginados, discriminados y excluidos durante la época colonial y republicana.

En buenas cuentas, hay que dejar que la población boliviana que vive en el país y en el exterior defina a través de las urnas quién debe gobernarnos en los próximos cinco años, lo que puede resumirse en pocas palabras: democracia y Estado de derecho.