Para esta jornada hubo dos convocatorias: una de la federación de Chulumani a la cabeza de César Apaza, y otra al frente de Erlan Lovera, que se realizaría en el colegio Crispín Andrade y tenía como invitados a representantes del MAS y el Gobierno.

Los afiliados a la federación estaban susceptibles de que en la reunión con participación masista se vaya a conformar una organización paralela afín al Gobierno, tal como ocurrió en otras localidades yungueñas.

Entonces, las bases presionaron para que en grupo los federados vayan a pedir explicaciones a la reunión de Lovera, para saber si se conformaría una paralela.

Los ánimos se caldearon y las bases desbordaron a la dirigencia. Se registró explosiones y pedradas. La Policía reaccionó y gasificó a las bases que rechazan el paralelismo.

Los denominados “carpeteros” (organización afín al MAS), que se reunían en la unidad educativa, pretendieron esconderse en las aulas. Esto generó destrozos en la infraestructura, con vidrios y bancas rotas.

Asimismo, la población enfurecida atacó dos vehículos, que estaban en inmediaciones del colegio, y los volcaron sobre la calle.

En la reunión con presencia de oficialistas estaba Rolando Canceno, dirigente de la Confederación de Campesinos de Yungas (Cofecay) afín al Gobierno.

Las bases atraparon a Cancero y le obligaron a firmar su renuncia. Dicho dirigente fue rescatado por la Policía y sacado del lugar sangrando.

El resto de los participantes en la reunión paralela pudo salir bajo resguardo policial, después de que las bases dieran una tregua para permitirles irse de la unidad educativa.

Después se observó que un efectivo policial fue gravemente herido en un ojo, aparentemente por una piedra. Sus compañeros lo trasladaban, mientras tenía la cabeza cubierta con una toalla blanca ya manchada de sangre.

Luego de los disturbios, hubo un cabildo en el cual se acordó bloqueo de caminos, para evitar el ingreso de más policías.

Este es uno más de los episodios de violencia en el marco del conflicto entre los cocaleros de Yungas con el Gobierno. Los productores exigen al respeto a la Adepcoca y sus talonarios para la comercialización de la hoja, pero las autoridades gubernamentales restan legitimidad a esa entidad y trabaja con organizaciones paralelas.