"Hay que exigirle al Tribunal Supremo Electoral que haya transparencia en la administración de los recursos y que se haga un trabajo técnico", afirmó el candidato presidencial por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz.

El también senador expresó su preocupación debido a que en los últimos meses se registraron renuncias de funcionarios del Órgano Electoral, principalmente, del área informática y otros.

"A pesar de todo el dinero que quieren gastar el Tribunal Supremo no nos da confianza, no nos da credibilidad, por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro voto", afirmó el legislador.

La anterior semana, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, informó que el Ministerio de Economía asignó 244.954.373 bolivianos para llevar a cabo todas las actividades del proceso eleccionario. La cifra representa 1,6% menos de lo solicitado por la entidad que alcanzaba a 248.836.442 bolivianos.

Costas precisó que, del total del presupuesto aprobado, 209.894.373 bolivianos estarán destinados al proceso electoral, el empadronamiento masivo en Bolivia y en 34 países, la contratación de personal temporal, la difusión y la logística para la adquisición de material electoral para el día de los comicios.

En tanto, la autoridad detalló que 35.060.000 bolivianos se destinará al fortalecimiento de las organizaciones políticas.

Ante esto, Ortiz afirmó que el Órgano Electoral debe justificar los gastos del proceso eleccionario. "Hay una politización del Órgano Electoral que genera una total falta de credibilidad tanto sobre su capacidad como sobre su integridad para administrar los comicios de octubre dado su sometimiento al MAS", dijo.

En la misma línea, para el diputado de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral, el TSE no tiene credibilidad y la institución no está preparada para llevar adelante el proceso eleccionario de forma "transparente".

Por ello, Barral afirmó que los vocales del Órgano Electoral deben renunciar. "Tendrían que irse todos como se han ido los anteriores (…) En la actualidad hay mucha incertidumbre", aseveró el Legislador.

El viernes, seis candidatos de oposición, los comités cívicos de Bolivia, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) firmaron un acuerdo de cuatro puntos, entre los cuales están la declaratoria en emergencia por la defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), que rechazó una nueva repostulación del presidente Evo Morales, y dieron plazo hasta el 31 de mayo para que los vocales del TSE renuncien.