La autoridad judicial también determinó una fianza de 50.000 bolivianos. Barral  afirmó que  su caso es político y que no lograrán “taparle la boca”.

 “La autoridad jurisdiccional determinó la detención domiciliaria sin salidas laborales para evitar la contaminación de la causa”, sostuvo el fiscal asignado al caso, Samuel Lima.

Israel Alanoca, jurista experto en derecho legislativo, explicó que  dos escenarios se abren en torno a este caso: 1)  la destitución por las eventuales faltas en que puede incurrir, debido a la medida cautelar que le dieron; y 2) la suspensión temporal. 

 En el primer caso,  Alanoca afirmó que la Constitución  Política del Estado contempla  las causales por las que un asambleísta pierde su  mandato. 

En ese marco, el jurista citó el artículo 157: “El mandato de asambleísta se pierde por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, sentencia condenatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones por más de seis días de trabajo continuos y 11 discontinuos en el año”.

   “En este caso, como el diputado  no podrá ir a trabajar porque tiene esta medida cautelar,  puede darse que sumen  sus faltas y ahí pueden accionar en la Comisión de Ética, a denuncia,  el tema de faltas  discontinuas o continuas. Es una forma de que él pueda perder el curul, es decir la destitución”, explicó.

 El segundo escenario puede cristalizarse si hay  una denuncia interpuesta en la Comisión de Ética de Diputados, que apunte a la suspensión del legislador,  apelando al punto 9 del capítulo de faltas del  Reglamento de Ética.   

 “Utilizar la facultad de fiscalización en beneficio personal, de su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercer grado de afinidad...”, se lee en la normativa. 

 Alanoca consideró  que hay elementos que hacen pensar que los contrarios a Barral se inclinarían por éste. 

El presidente de Diputados, Víctor Borda,  dijo que Barral solicitó, el 30 de mayo,   una petición de informe al Ministro de Gobierno sobre la situación de la cárcel de San Pedro y las construcciones de viviendas en ese recinto.

“Lo extraño de esta situación”, añadió Borda, es que el 3 de junio Barral pidió, mediante otra nota, cancelar esa petición.  “El proceso de investigación nos ha dicho que estaría cobrando  el señor Barral para que no se investiguen esas supuestas irregularidades”, afirmó Borda, reportó ABI.