En 2011, Cecilia Chacón (actualmente de 38 años), fue Ministra de Defensa del gobierno de Evo Morales, pero renunció tras la violenta represión a los indígenas del Tipnis en Chaparina. Luego, se unió a Sol.bo, donde se desempeña como concejala de La Paz.

 A finales de marzo, sorprendió al denunciar irregularidades en el convenio suscrito entre la Alcaldía, gobernada por su partido, y el grupo Saavedra, al que acusa de haberse apropiado irregularmente de una parte del terreno de la Curva de Holguín que, según dice, pertenece al municipio. Asegura que el grupo Saavedra compró inicialmente 26.000 metros cuadrados de Jorge Arana, a los que después adicionó, mediante compra, otros 7.500 metros cuadrados, por lo que el exalcalde Juan del Granado  le reconoció 36.000 metros cuadrados. Pero, gracias al convenio con la Alcaldía, suscrito en la gestión de Luis Revilla, ahora tiene 47.000 metros cuadrados. 

¿Cuál es su situación en el Concejo después de las denuncias sobre la Curva de Holguín?

Lamentablemente, estoy sufriendo acusaciones y denuncias infundadas de parte del concejal Isaac Fernández, quien creo que se ha sentido atacado porque los cuestionamientos a estos trámites se arrastran hasta el tratamiento dentro de su comisión.  

¿Cuál es su lectura de los hechos relacionados con la Curva de Holguín?

Lo que yo observé el 2016 es que faltaba derecho propietario y faltaba deslinde de la propiedad municipal. Lo hice constar en la sesión y después de que se aprobó, hice hacer un informe con un asesor, el que le presenté al Alcalde de manera personal en enero, indicando que seguramente por lo rápido que se ha presentado el trámite no han escaneado todos los documentos, de hecho había partes de la carpeta que eran ilegibles. Pero, además, después las hice por escrito porque continuaban los trámites del señor (Edwin) Saavedra y no me llegaban las respuestas que solicitaba. Todavía en ese momento yo pensé que eran errores. En febrero, cuando se hace la denuncia de que la esposa de (Fabián) Siñani es la apoderada de Saavedra y Siñani vota en uno de estos trámites, hace quórum y favorece su aprobación, entonces ahí ya se convierte en un conflicto de intereses y una contravención ética de Siñani. Hasta ahí eran dos cosas, faltaban documentos y había una falta de ética de Siñani. Después de que yo hago mi denuncia, el 27 de marzo de este año, recién me llega la documentación que aparentemente faltaba en las carpetas, pero no del ejecutivo, sino que un exfuncionario me espera en la puerta de la Alcaldía y me dice “esto le puede servir”. Me deja dos informes, un informe del 2011 que estaba en la carpeta del primer trámite pero que era ilegible, me lo entrega legible, y ahí están todas las observaciones que hoy estoy presentando. Y el otro documento está con el acuerdo conciliatorio que suscribe Juan del Granado, en la que solamente reconoce 36.000 (metros cuadrados) a favor de Saavedra, acuerdo conciliatorio, además, que nunca ha sido homologado. Dicen que es base de los documentos que se suscriben, entonces por qué le reconocen 47.000 (a Saavedra) y no los 36.000 que Juan le ha reconocido. He solicitado las escrituras públicas con número porque tampoco las tenía y el ejecutivo me responde que no las tiene. En mi último informe de febrero de 2019 a Luis (Revilla), en relación a su convenio, le digo que no hay sustento para que nosotros hayamos aprobado el convenio  y que debería revisarse y reconsiderarse su validez. Hasta hoy no me responde y esto es de antes que yo haga mi denuncia en marzo.

¿Y todo ese tiempo no hubo respuesta aclarando algo? 

Ha habido dos respuestas del ejecutivo, una de noviembre (de 2017), a la que yo replico que es insuficiente y la segunda que me han respondido casi un año después, en enero de este año. Al final me ha tocado rastrear por mi cuenta en notarías los documentos y he conseguido yo una copia y demás de la minuta donde aumentan la  superficie.

 ¿Y con qué argumento le aumentan? 

Dicen que lo han medido mal. Que han vuelto a medir y que, lo que era 36.000 en su momento, resulta que habían sido 47.000. Nuestra posición no consiste en poner piedras al desarrollo, sino a señalar las maneras erradas. Mis segundas observaciones fueron falta de derecho propietario y por qué 68 pisos, por qué cinco bloques, dónde están los estudios geológicos que justifiquen que se puede construir en este lugar, estudios de servicios, de transporte y de movilidad.

Lo que sostiene la Alcaldía es que se ha hecho un cambio del uso del suelo a área de equipamiento.

En la justificación para el cambio de uso de suelos tienen que estar los informes técnicos de que es viable y además que el objeto entraña no sólo un beneficio para el privado, sino también para la ciudad, es lo que debería justificarse, cosa que no se hace. Si revisa la carpeta, no hay ni justificación ni derecho propietario.

 La Alcaldía dice que Saavedra se comprometió a hacer un conjunto de obras para la ciudad.

Eso no es verdad, las obras que se compromete tampoco están claramente establecidas en los documentos. Un estudio previo de transporte, que el mismo señor Saavedra hace para su proyecto, le dice que él necesita hacer dos obras para mejorar el ingreso a su zona, pero no resuelven el problema que se va a generar para la ciudad a partir de la construcción del edificio.

Por ejemplo, congestionamiento vehicular, además de servicios. En el proyecto que ellos pretenden implementar  tenemos una pequeña vía de ingreso de los vehículos a la zona de la curva y del proyecto el World Trade Center, el ensanchamiento de la vía, pero en el entorno de la curva, porque más arriba no se puede ensanchar a menos que se baje el talud que está a la derecha y eso puede desestabilizar el área o expropiar las viviendas del otro lado. 

Y la otra obra que se mencionaba era la estación para el bus PumaKatari. 

Claro, pero otra vez eso beneficia más a Saavedra porque la presencia tanto del PumaKatari como del teleférico  van a darle el flujo de personas que necesita un proyecto de shopping, oficinas.

 ¿Y cuál es la situación del suelo? ¿Es apto para su construcción?

Me han hecho llegar un documento que es previo a estos proyectos, donde se hace mención a que esta no es una zona apta para generar una construcción y una ocupación que sea mayor al 10% de la superficie. Lo que se puede hacer es un proyecto que respete la vocación paisajística y natural de la zona.

 El Alcalde ha dicho también que va a dejar en suspenso este convenio. ¿Qué implica eso, tomando en cuenta que Saavedra ha rechazado tal decisión?

Exactamente. Saavedra le ha pedido al Alcalde que se aplique una cláusula que en el mismo convenio establecía que se tiene que armar una comisión. Esa comisión tiene un plazo de seis meses para presentar una propuesta, pero entiendo que no hay una ruptura unilateral posible de ese convenio. Lo que sí es posible y es algo que ya hizo Juan del Granado en su momento  es paralizar y revertir las autorizaciones que se han brindado en la zona, porque se han hecho sobre base de información incompleta, falsa. Valga la aclaración de que esto no va a afectar al teleférico y el cambio de uso de suelo tampoco era necesario para el teleférico ni para el PumaKatari. El cambio de uso de suelo es necesario para el señor Saavedra. De hecho, este cambio de uso de suelo ya lo obtuvo el 98 y también lo revirtió Juan justamente por estas irregularidades. Lo que es sorprendente para mí es que todas aquellas personas que han sido parte de la gestión de Juan del Granado, en este momento hayan olvidado todo esto, entre ellos  Pedro Susz, Fabián Siñani, Isaac Fernández, Marcelo Arroyo, Fernando Velásquez, y estoy hablando del mismo Luis Revilla. Ellos sabían de estas

 ¿Ahora hay otro juicio? ¿Usted asistió como testigo?

Sí, pero la denuncia es por el tema de Tersa, que es otro caso.

¿El caso de la curva no tiene aún denuncia ni proceso?

No, entiendo que todavía no. Por lo que he visto en la prensa, la Fiscalía dijo que iban a analizar si consideraban ampliar el caso que tienen en el tema Tersa  a los trámites en la Curva de Holguín, o abrir otro caso.

 ¿Usted ha pensado plantear una denuncia? 

Yo estoy ahorita en un proceso de fiscalización todavía dentro del municipio y estoy pasando a un siguiente nivel de fiscalización, que es la petición de informe oral en el Concejo. Luego, me toca elaborar un informe donde se determinará indicios de responsabilidad de las distintas instancias. Por lo pronto, creo que hay indicios de responsabilidad en relación a un posible tráfico de influencias, que es lo único que justificaría tantas omisiones en tantos trámites tan delicados y, segundo, posible corrupción.

¿Tráfico de influencias de quién hacia quién? 

Por parte de la esposa del concejal Fabián Siñani, quien ha participado como apoderada de Saavedra en todos los trámites, ella se ha reunido como ningún otro ciudadano puede hacerlo con el secretario de planificación para dar curso a los trámites y también eso podría explicar por qué no le han pedido estos documentos que a cualquier otra persona le piden.

A Saavedra se lo vincula también con el Gobierno central, en sentido de que tiene un grupo de empresas muy grande. ¿Qué opina al respecto?

Son intereses económicos que están fuertemente ligados a intereses del Gobierno nacional. No es gratuito que el hijo de Edwin Saavedra haya sido embajador en el Japón y para nadie es desconocido que es uno de los principales proveedores de vehículos a los ministerios y otras instancias del Estado. Y hoy, como hace 20 años, es el principal sindicado de apropiarse de propiedad municipal a través de procesos irregulares, amañados y que comprometen también la transparencia y la credibilidad de instituciones públicas, en este caso del municipio. 

 ¿Ahora hay otro juicio? ¿Usted asistió como testigo?

Sí, pero la denuncia es por el tema de Tersa, que es otro caso.

¿El caso de la curva no tiene aún denuncia ni proceso?

No, entiendo que todavía no. Por lo que he visto en la prensa, la Fiscalía dijo que iban a analizar si consideraban ampliar el caso que tienen en el tema Tersa  a los trámites en la Curva de Holguín, o abrir otro caso.

 ¿Usted ha pensado plantear una denuncia? 

Yo estoy ahorita en un proceso de fiscalización todavía dentro del municipio y estoy pasando a un siguiente nivel de fiscalización, que es la petición de informe oral en el Concejo. Luego, me toca elaborar un informe donde se determinará indicios de responsabilidad de las distintas instancias. Por lo pronto, creo que hay indicios de responsabilidad en relación a un posible tráfico de influencias, que es lo único que justificaría tantas omisiones en tantos trámites tan delicados y, segundo, posible corrupción.

¿Tráfico de influencias de quién hacia quién? 

Por parte de la esposa del concejal Fabián Siñani, quien ha participado como apoderada de Saavedra en todos los trámites, ella se ha reunido como ningún otro ciudadano puede hacerlo con el secretario de planificación para dar curso a los trámites y también eso podría explicar por qué no le han pedido estos documentos que a cualquier otra persona le piden.

A Saavedra se lo vincula también con el Gobierno central, en sentido de que tiene un grupo de empresas muy grande. ¿Qué opina al respecto?

Son intereses económicos que están fuertemente ligados a intereses del Gobierno nacional. No es gratuito que el hijo de Edwin Saavedra haya sido embajador en el Japón y para nadie es desconocido que es uno de los principales proveedores de vehículos a los ministerios y otras instancias del Estado. Y hoy, como hace 20 años, es el principal sindicado de apropiarse de propiedad municipal a través de procesos irregulares, amañados y que comprometen también la transparencia y la credibilidad de instituciones públicas, en este caso del municipio.