Sin embargo conocido el texto de la convocatoria eleccionaria y que según el Tribunal Supremo Electoral, comprende todas las instancias para asegurar un evento plural y que garantice especialmente la voluntad popular, los analistas por un lado y los dirigentes de partidos y plataformas políticas, tienen serias dudas sobre la seguridad y respeto a los resultados, tomando en cuenta que el órgano electoral, descarta de manera irregular la posibilidad de una segunda vuelta para definir posiciones entre los binomios más votados. De hecho, esta omisión implica reconocer a un solo ganador y por la tendencia del TSE en base a denuncias de dirigentes políticos, se trataría de favorecer la candidatura oficialista.

El tema de fraude electoral se acrecienta en las actuales circunstancias cuando se omite una necesaria mención a la definición de un "empate político" entre dos fuerzas partidarias, si las cifras del recuento de votos así lo determine. Además, se reavivan las críticas del electorado respecto a que el TSE no cuenta con la idoneidad e institucionalidad necesarias para garantizar unas elecciones justas y que no sean contaminadas por los ingredientes de ilegalidad y sumisión al oficialismo que darían vía libre a un vergonzoso fraude, alterando todos los valores democráticos y de legalidad que reclama la colectividad boliviana.

En otro ángulo de esta noticia, un punto del reglamento electoral señala la posibilidad de admitir la fusión de partidos que hayan participado en las primarias de enero pasado, requisito que será observado si se diera la opción de que algunos partidos o plataformas busquen en una instancia de última alternativa de fusionar dos o más organizaciones políticas, algo que surge como una extrema opción en la posibilidad de unir la oposición.

Otros aspectos importantes de la convocatoria y su reglamento tienen que ver con el uso de recursos financieros para el desarrollo de campañas y difusión de propaganda, uso de los medios y un equitativo sistema que permita a las organizaciones políticas difundir sus programas de gobernabilidad, claro está, dicen los interesados, será muy difícil que ese reglamento haga factible un equilibrio entre el uso de medios oficiales por parte de un binomio y las reducidas posibilidades para la oposición de alternar en todos los medios de comunicación habilitados para mover una campaña prácticamente cotidiana.

Las elecciones de octubre próximo ya tienen una marca de incredulidad ciudadana cuando se duda de la legalidad de un organismo severamente cuestionado y cuyo saldo de dirigentes está conminado a renunciar hasta el último día del mes en curso, aunque no se sabe qué pasará luego si no se da la renuncia colectiva y se define una estructura de reemplazo para que el proceso continúe y se cumpla la instancia democrática, que tal parece no hará mayor efecto en el grupo restante de un tribunal electoral diezmado y altamente criticado.

Hay cosas poco creíbles en el proceso, son más las dudas que los aciertos, la inclinación a designios oficiales no han sido despejados y al contrario al no contemplarse una segunda vuelta electoral, se entiende que un fraude definiría a ultranza un binomio ganador que podría no ser justamente el que espera la comunidad electoral del país, que democráticamente y en elecciones limpias puede tomar otras decisiones.