Obiang gobierna su país desde 1979 y su fórmula es muy simple. En aquel territorio, como en otras naciones africanas dominadas por tiranías disfrazadas de democracias, las elecciones las organizan entidades controladas por el propio presidente, ya sea un comité de allegados o por el Ministerio de Gobierno, algo que Bolivia no sería aconsejable, después de recientes escándalos que pusieron al descubierto una serie de personajes notables y condecorados que, al paso que iban, pronto se convertirían en aspirantes a algún cargo electivo. Habrá que disimular un poco más; la ciudadanía todavía no está preparada para tolerar semejantes “excentricidades” políticas.

La otra fórmula es perseguir, encarcelar y asesinar a los candidatos opositores, anularlos y dejarlos fuera de la contienda, algo que en Bolivia se ha intentado, pero ha quedado claro que la población tampoco acepta esos métodos tan drásticos. No han pasado en vano los 194 años de vida independiente, que son muchos en comparación con los 51 años de soberanía de Guinea Ecuatorial.

En realidad, los políticos bolivianos no necesitan muchos consejos externos y menos los gobernantes actuales, que además de la angurria por mantenerse en el poder, están dominados por el miedo, tal como se entiende de las recientes declaraciones del ministro de la Presidencia, quien dejó entender que si pierden las elecciones tendrán que huir del país.

Bolivia tiene una larguísima trayectoria y experiencia acumulada en fraudes electorales, en la manipulación de las leyes y la imposición de candidaturas “truchas”. El “proceso de cambio” vino corregido y aumentado y representa algo así como en sumun de todas las estrategias envolventes que se han aplicado en la historia, empezando por la declaración del “derecho humano”, seguido de una serie de otras garantías que el oficialismo se ha asegurado para obtener el soñado 70 por ciento que tanto clama el primer mandatario. 

Precisamente, todos esos preceptos acaban de ser expuestos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en primer lugar anuncia un plazo tan largo como sospechoso para confirmar los resultados oficiales de las elecciones del 20 de octubre. Si la tristemente célebre “banda de los cuatro” pudo hacer “maravillas” con los resultados de las elecciones de 1989 en apenas unas horas de “dibujo libre” en la Corte Nacional Electoral, imagínese qué se puede hacer en 14 días, con el auxilio de la tecnología, un árbitro abiertamente parcializado y con una entidad totalmente desmantelada y libre de incómodas miradas.

Los candidatos del MAS no necesitan renunciar a sus cargos como los opositores, tendrán todos los recursos del Estado a su disposición; ya es legal que hagan campaña con las obras públicas y encima de eso, el TSE anuncia que no actuará frente a ninguna denuncia de abusos, pues eso le corresponde al Ministerio Público, o sea, al Ministerio de Gobierno. Menos mal que no estamos en África.

Los candidatos del MAS no necesitan renunciar a sus cargos como los opositores, tendrán todos los recursos del Estado a su disposición; ya es legal que hagan campaña con las obras públicas.