“Las organizaciones políticas que realicen campaña electoral y/o propaganda electoral con anterioridad a la publicación oficial de la convocatoria o dentro de los tres (3) días antes del día de la votación serán sancionadas”, se lee en el inciso C del artículo 8  del reglamento aprobado por el  Tribunal Supremo Electoral  (TSE). 

En el mismo inciso se establece que las multas  serán: 50 salarios mínimos para partidos políticos, 40 salarios mínimos para agrupaciones ciudadanas y 30 salarios mínimos para organizaciones de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

No obstante, el 13 de febrero, el TSE aprobó la Resolución TSE-RSP-ADM N° 082/2019,  en la  que  dispuso que las organizaciones políticas que realicen campaña  o propaganda electoral “con anterioridad a la publicación oficial de convocatoria o dentro de los tres  días antes del día de la votación serán sancionadas”. 

Fernando Arteaga, exsecretario de Cámara del TSE, explicó que esa resolución fue emitida porque la norma dispone que la entidad electoral debe hacerlo  cada año. El especialista  observó que el reglamento –aprobado el 24 de mayo– no defina  qué procedimientos se  aplican, quiénes aplicarían la parte procedimental ni  cómo se actuaría en el caso de evidenciarse una falta.     

“La resolución de febrero ha sido emitida por mandato de la ley que dispone que anualmente debe emitirse esta resolución. El otro es el reglamento específico sobre sanciones que al final resultó ser copia de la resolución. El reglamento debió ser más conceptual y explicar procedimientos para aplicar sanciones”, afirmó Arteaga.