El Reglamento de propaganda y campaña electoral  establece que  “desde 30 días antes hasta las 20 horas del día de comicios”,  está prohibida cualquier “propaganda gubernamental” en medios de comunicación en todos los niveles del Estado.

Esa disposición  permite al oficialismo tener una ventaja de 61 días adicionales  para promover a su binomio Evo-Álvaro, frente a las fórmulas de las organizaciones políticas de oposición.

 Durante el proceso electoral,  el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera no están obligados a dimitir, a diferencia de los candidatos de oposición Félix Patzi, gobernador de La Paz, y los senadores Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, quienes  deben dejar sus cargos. 
 
La disposición del reglamento no afecta al partido gobernante,  porque, según el calendario electoral, el 20 de septiembre  -cuando culmina el periodo para difundir “propaganda gubernamental”- se inicia la etapa  de difusión de  propaganda electoral en medios de comunicación, la cual dura  hasta el 16 de octubre.

  En ese marco,  el MAS tiene   116 días para difundir “propaganda gubernamental”,  hasta el 20 de septiembre. También   tiene  87 días para emitir    propaganda electoral en actos públicos, desde el 22 de julio hasta el 16 de octubre; y a  ello se debe sumar que cuenta con 26 días    para la difusión de propaganda  en los medios, desde el 20 de septiembre hasta el 16 de octubre.

 Ese panorama cambia para  Patzi,  Ortiz y Rodríguez, quienes deben renunciar a sus cargos 90 días antes de los comicios, es decir hasta el 22 de julio.

 A diferencia del MAS, ellos sólo tendrán 55 días -desde la emisión del calendario hasta el 22 de julio-   para difundir propaganda gubernamental e informar sobre su gestión. Sin embargo, sí podrán divulgar  propaganda electoral en actos públicos y en medios de comunicación.

     En el caso de  los candidatos que no cumplen ninguna función en el Estado, están habilitados para  difundir propaganda  en actos públicos  desde el 22 de julio, y tendrán “luz verde” para emitir propaganda a través de los  medios de comunicación  desde el 20 de septiembre.       

El diputado de oposición Amilcar Barral afirmó que en todo ese tiempo, Morales y García Linera, al no renunciar a sus cargos,  utilizarán los recursos económicos y bienes del Estado para reforzar su campaña. 

“Los reglamentos del proceso electoral fueron aprobados a la medida del MAS. Los vocales de una vez deberían iniciar también su campaña, y en las calles,  en favor de Evo”, expresó Barral, quien dijo que el Tribunal Supremo Electoral “ya dio su respaldo frontal” a los candidatos del MAS, “hasta con dinero, asignando más de 10 millones, para propaganda en medios”. 

El diputado oficialista David Ramos sostuvo que la oposición,  ante su falta de propuestas,  está empeñada en desmerecer el trabajo del TSE. “Lo único que quiere la oposición es generar sensacionalismo”, dijo el masista.  

Según expertos, la “propaganda gubernamental” es la acción de dar a conocer leyes, planes y programas gubernamentales e informar sobre cualquier hecho de relevancia pública.  En el Reglamento de propaganda y campaña electoral  se establece que ese tipo de propaganda   es todo mensaje difundido por los distintos niveles del Estado  a través de   medios de comunicación, “medios de espacios públicos”,   páginas web oficiales  y medios digitales. 

Falta  electoral 

• Sanción  El reglamento de propaganda y campaña electoral establece que “el  partido político o alianza que contrató la difusión de propaganda electoral fuera del periodo establecido para la propaganda electoral será pasible a sanción económica,  con la multa equivalente al doble de la tarifa promedio inscrita por el medio ante el Órgano Electoral Plurinacional, de conformidad al artículo 116 de la Ley N° 026 de Régimen Electoral”.

Punto de vista 
Carlos Cordero  Analista político 

“Una inocultable desigualdad”

El cronograma electoral, las normas vigentes y el conjunto de los integrantes del TSE inclinan el escenario de las elecciones a favor del binomio Morales-García.  El TSE tiene una delegada presidencial y el resto de los miembros del Tribunal fueron elegidos por la mayoría política en el Legislativo. 

Tuvieron la oportunidad de hacer respetar la CPE y sostener que los resultados del 21F son vinculantes. Sin embargo, eligieron subordinarse al Tribunal Constitucional y ser cómplices de la violación de la Constitución y desconocer los resultados electorales.  

El cronograma electoral, elaborado por el TSE, establece tres formas de favorecer al binomio presidencial: mayores recursos para campaña en medios de comunicación, 10 millones de bolivianos; el TSE no tiene un reglamento que ponga límites a la campaña gubernamental en la entrega de obras y restricciones en el tiempo de campaña. 

Mientras el Gobierno puede hacer campaña ininterrumpida, incluso antes de la convocatoria, ahora la oposición se ve limitada a realizar difusión de propaganda por menos de 30 días. 

El Gobierno utiliza todos los recursos disponibles a su alcance, legítimos e ilegítimos, no éticos, porque tiene miedo a dejar el poder y que un nuevo gobierno inicie procesos de fiscalización y la sociedad permita un tiempo de revancha política. 

Los partidos democráticos y de oposición se enfrentan al Estado, al Gobierno, al partido oficialista y a los candidatos. Existe una inocultable desigualdad. Pero con estas acciones están victimizando a la oposición y el elector se pondrá del lado de los débiles y no de los que detentan el poder.