Ayer, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron el calendario que regirá en el proceso en curso, el mismo que no contempla la segunda vuelta presidencial. 

De acuerdo a lo programado, la fase de difusión de propaganda en “actos  públicos” de campaña será desde el 22 de julio hasta el 16 de octubre; mientras que la etapa de difusión de propaganda en medios de comunicación está habilitada desde 20 de septiembre hasta el 16 de octubre.

Líderes y candidatos de oposición afirmaron que los plazos sólo rigen para ellos, pues el presidente Morales, candidato del oficialismo, hace proselitismo con la entrega de obras.  

El jefe de bancada de Unidad Demócrata, el senador Yerko Núñez, criticó al  TSE porque “permite al MAS hacer campaña, propaganda partidaria  en actos de entrega de obra”. “La ley prohíbe utilizar imágenes de la entrega de obras públicas, programas o proyectos”, afirmó. 

Consultado al respecto, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, explicó que está reglamentada la propaganda y la campaña electoral en el marco de lo que “también ha discriminado el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en lo que es informe de gestión”.

“Nosotros habíamos reglamentado en el anterior proceso estos aspectos, pero este artículo del reglamento ha sido expulsado del ordenamiento jurídico (por el TCP);  por tanto, la reglamentación que nosotros vamos a aplicar se refiere estrictamente a lo que es campaña”, expresó Costas, quien exhortó “a los partidos políticos sigan este proceso de información de gestión y lo diferencien a sus procesos de campaña”.

La sentencia del TCP

Costas no específico el artículo ni el reglamento al que hizo referencia. Página Siete, en reiteradas oportunidades,  llamó al vocal para conocer detalles al respecto,  pero no se tuvo éxito. 

En una consulta a los actuales magistrados del TCP -sobre si emitieron una sentencia sobre campaña y gestión pública-, informaron que ellos no dictaron ningún veredicto ni resolución sobre el tema.    Este medio también llamó a extribunos, quienes confirmaron   que ellos emitieron la sentencia 011/2016  el 26 de enero de 2016.  

En ese fallo se lee que en diciembre de 2015, el extinto Rodolfo Illanes, en representación legal de  Morales y Álvaro García Linera, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 24 del Reglamento de Campaña y Propaganda electoral, que limitaba a 15 minutos la transmisión de actos de entrega de obras, en el marco del referendo constitucional del 21F.   

Un mes después, en enero de 2016,  el TCP declaró la inconstitucionalidad de ese artículo, con el argumento de que no se puede restringir el acceso a la información, porque es un derecho constitucional.

Los exmagistrados consultados explicaron que en la sentencia “se aplicó el derecho de acceso a la información y los principios de transparencia, pues limitar la difusión de entrega de obras, así sea en periodos electorales, es restringir un derecho constitucional”.

Reglamentos 2019 

De cara a los comicios del 20 de octubre, el TSE aprobó los  reglamentos del proceso electoral, dos de aquellos son: 1)  El de propaganda y campaña electoral en elecciones generales;  y 2) El  de sanciones y multas por faltas electorales cometidas por jurados,  notarios electorales,  servidores públicos, organizaciones políticas y particulares.        

 En ninguna de las dos normas  se establece que “las servidoras y servidores públicos están  prohibidos de  realizar campaña y propaganda electoral en actos de gestión pública o utilizando recursos públicos”, como sí se dispuso en el reglamento de las elecciones primarias, que se celebraron el 28 de  enero.   

El MAS pidió   dejar de lado el “complot” contra el TSE e  instó a la oposición a concentrase en presentar una oferta seria al país, informó ABI.     “Siguen en ese complot, quieren desestabilizar el TSE, lo quieren desacreditar  porque saben que vamos a ganar   y ellos van a decir que va a ser fraude, eso es lo que está pretendiendo la oposición”, dijo el diputado Edgar Montaño.
              
El análisis 

Franz Rafael Barrios, investigador en asuntos jurídicos, afirmó que en estos 13 años Morales “se malacostumbró a ser Presidente del Estado y candidato en ‘campaña permanente’”.

“Abusó de bienes y servicios públicos de forma indebida, no para difundir gestión, sino para hacer culto a su imagen incluso a costa de lágrimas de menores de edad. Pese a que en cada proceso electoral existen restricciones y prohibiciones expedidas por el TSE”, afirmó. 

El experto agregó que “con o sin regulación del tiempo de las transmisiones, no existe equilibrio en el acceso a los medios de comunicación, como tampoco distinción entre acto de gestión pública y campaña caudillista”. 

“Lo que sumado a otras formas de difusión pagadas o gratuitas, hacen que Morales -que privilegiadamente no tiene que renunciar tres meses antes-, siempre ostente ilícita ventaja respecto a los demás, a costa del derroche de recursos públicos. ¿Cuánto le viene costando a Bolivia el culto a la imagen de Evo Morales en 13 años?”, concluyó el analista.