Medio: Opinión
Fecha de la publicación: viernes 24 de mayo de 2019
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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El
miércoles, el jefe de Estado de Colombia, Iván Duque, recibió en mano
propia la propuesta de opinión consultiva elaborada por Quiroga, junto a
expertos del Sistema Interamericano, para que pida a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte - IHD) una interpretación del
artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, apartado en el cual se
amparan los exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para habilitar al Morales.
El
2 de mayo, Camacho y la senadora de Unidad Demócrata (UD) Carmen
González se reunieron con el canciller de Brasil, Ernesto Araújo,
también para solicitarle a la autoridad extranjera que eleve la opinión
consultiva ante la CIDH para que se aclare en esa instancia si la
reelección de un gobernante es un derecho humano o no.
Luego de
conocerse el fallo del TCP, en noviembre del 2017, representantes de las
plataformas ciudadanas y líderes de la oposición iniciaron gestiones a
nivel internacional para que el fallo del Tribunal Constitucional quede
sin efecto. Es por ese motivo que se recurrió ante Brasil y Colombia
debido a que los gobiernos de ambos países fueron garantes de la
redacción final de la Constitución Política del Estado (CPE) en 2008,
según cita elportal Urgentebo.
Frente a este tipo de estrategias
llevadas por la oposición, Pary pidió al gobierno colombiano no meterse
en asuntos internos de Bolivia y, a su vez. dejó en claro que el tema de la repostulación del Mandatario ya fue definido mediante un fallo del TCP.
"Las
opiniones consultivas son consultas genéricas sobre algún tema y que,
en este caso, de ninguna manera afectará a una decisión ya asumida por
el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia", afirmó.
Similar opinión tiene el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), David Ramos.
La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, apeló a los plazos que
se toma la Corte IDH para resolver las solicitudes de opinión
consultiva, e insinúa que las medidas que asumen los opositores quedarán
fuera de los plazos, cuando el país está a cinco meses de las
Elecciones Generales.



