Respecto a la sentencia emitida por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, cabe recordar que esta instancia fue creada en 2010 con el actual gobierno, que promovió una cumbre en Tiquipaya en la que se emitió la declaración universal de los Derechos de la Madre Tierra. Entonces, no es menor el dato de que dicho fallo emitido por jueces y juezas de reconocida autoridad científica, y siendo parte de la sociedad civil haya concluido que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, debe asegurar la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de infraestructura vial al interior del Tipnis. Que debe garantizar la conservación y protección de dicha área protegida, por ende respetando los derechos de los pueblos indígenas que lo habitan.

Sabemos que la carretera implicaba la colonización y el establecimiento de empresas petroleras. En este sentido, la sentencia también señala que el Gobierno debe anular los planes de expansión petroleros en el Tipnis. El fallo va más allá y conmina a identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el año 2011 en Chaparina, asumiendo que se debe hacer justicia y pedir disculpas. En suma, que el Estado Plurinacional de Bolivia debe promover, con urgencia, políticas y leyes que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de otros tratados y acuerdos internacionales, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, OIT 169, y otros relacionados con el medio ambiente, la biodiversidad y los derechos básicos de las comunidades y los pueblos.

En este contexto de la sentencia y del discurso del Presidente, nada más esquizofrénico e incomprensible que nos lleva a pensar que en el fondo poco importa la naturaleza y que se ignorará dicha sentencia, así nos lo demuestra el Gobierno cuando se arroga el derecho a destruir.