En ese marco, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, dijo ayer a EL DEBER que todos están conminados a seguir en carrera porque participaron en las primarias, pero admitió que, si no lo hicieran, sus partidos no perderán sigla ni personería jurídica. Esto podría reabrir las negociaciones entre opositores para posibles alianzas, ya que Choque ha levantado la “sentencia de muerte política” que implicaba para las siglas salirse de la carrera. Por ello, cada vez que era preguntado, Víctor Hugo Cárdenas, postulante de UCS, decía que el tiempo de la unidad murió en noviembre, cuando se venció el plazo para las alianzas y renunciar a estas alturas era un “suicidio político”.

El presidente Evo Morales lanzó el desafío de enfrentarse a un candidato único de oposición, pero es casi imposible. Carlos Mesa, Óscar Ortiz y Víctor Hugo Cárdenas han manifestado que no están dispuestos a declinar su postulación porque sienten que tienen la musculatura suficiente. Algo parecido sucede con Jaime Paz Zamora, Ruth Nina, Israel Rodríguez y Félix Patzi. El único dispuesto a bajarse en pos de la unidad es Virginio Lema, del MNR.

Lo que queda claro con la declaración de Choque es que para las tiendas políticas que están mal en las encuestas, es menos riesgoso bajarse que presentarse y obtener menos del 3% en la jornada de votación, lo cual implicaría perder la sigla.

EL DEBER accedió a una parte del documento del calendario electoral que se presentará en cuatro días y que todavía es analizado por la Sala Plena del TSE.

Desde el 29 de mayo, pero con fecha límite el 22 de julio, se registrará la inscripción de candidaturas para diputados y senadores; además de la presentación de la plataforma programática y el programa de Gobierno.

El abogado y analista Iván Lima insistió que los partidos opositores tienen hasta julio para definir si es que se unen y enfrentan a Evo Morales menos divididos. “Ese día se cerrará la posibilidad de que los partidos con menos posibilidades que el mejor ubicado en las encuestas, que es Carlos Mesa, puedan adherirse a su candidatura y meter a través de negociaciones senadores y diputados en regiones donde tengan más fuerza”, dice.

La presidenta Choque explicó: “No olvide que una de las características de las primarias es que tienen carácter vinculante. Entonces están obligados a participar”, aseveró. Sin embargo, aseguró que la Sala Plena no analizó la posibilidad de que algún candidato decida bajarse. “No creo que se presenten esos casos. Sin embargo, si alguno de ellos decide no presentarse, el partido no pierde su personería jurídica”, recalcó.

Quien dio una explicación en detalle al respecto fue el analista Lima. La Ley 1096 de Organizaciones Políticas, del 1 de septiembre de 2018, abrogó con vigencia inmediata las leyes 1983 y 2771. La disposición transitoria tercera de la Ley 1096, señala que las organizaciones políticas deben adecuarse a la Ley “hasta el 31 de diciembre de 2021”.

“Esto significa que los derechos y obligaciones de los partidos políticos tendrán vigencia plena, desde el 1 de enero de 2022”, dijo. Bajo esta ley, un partido puede perder su personalidad jurídica bajo tres posibilidades: incumplir con la cantidad mínima de militantes, es decir, el 1,5% del padrón nacional y al menos el 1% en cinco departamentos; no obtener al menos el 3% en la última elección que participe; y no concurrir a dos elecciones según su alcance.

En consecuencia, como la ley rige a partir de septiembre de 2018, sus disposiciones que determinan una sanción se cumplen desde esa fecha, “por lo tanto, los partidos que no concurren a la elección de octubre de 2019 y la de octubre de 2024, pierden la personería jurídica”, agregó.

El TSE podría interpretar que los partidos que no participaron de las elecciones nacionales del 12 de octubre de 2014 y no participen este año, “pierden su personalidad jurídica. Pero dada la abrogación de las leyes previas 1983 y 2771, esa interpretación violaría el principio de legalidad y retroactividad de la ley”, dijo.

Los partidos políticos tienen hasta el 31 de diciembre de 2021 para ajustar sus estatutos y cumplir con el artículo 14, numeral II de la Ley 1096, esto es actualizar su registro de militancia y cumplir los porcentajes mínimos, al menos hasta febrero de 2021 (un año después de las elecciones subnacionales).

La tercera posibilidad es que algunos de los nueve partidos habilitados por las elecciones primarias, no logren al menos el 3% de votos del padrón electoral en las elecciones de octubre de 2019. “Por lo tanto, si alguno de los ocho partidos de la oposición dice que tiene obligación de participar en estas elecciones de manera ‘independiente’ y sin lograr la ‘unidad’ porque podría perder su personería jurídica, no está diciendo la verdad. Es posible que se presente un candidato único a la Presidencia y una plancha ‘consensuada’ de diputados y senadores, sin que esa decisión les cause ningún perjuicio”.

Ortiz, candidato por Bolivia dice no; Carlos Alarcón, vocero de Comunidad Ciudadana, y Cárdenas, postulante por UCS, se excusaron de comentar los pormenores del calendario porque aún no se publicó, ni tampoco quisieron hacer un análisis sobre la posibilidad que abrió Choque con su declaración a este medio. El diputado Amilcar Barral planteó, una vez más, que los candidatos con menos del 10% deberían bajarse y ceder el espacio al que esté mejor ubicado, “y ese debe bajar de las nubes e ir a buscar a esos candidatos”, planteó.

La respuesta la dio su colega Rafael Quispe. “UN, a la cabeza de Doria Medina, y Barral no tienen moral para pedir la unidad ni pedir a los candidatos que se bajen porque ellos no participan en las elecciones, antepusieron su interés personal antes que a Bolivia, y no están en carrera”.

Inelegibilidad

El 22 de julio también se registrará la presentación de requisitos de causales de inelegibilidad de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia. Eso está normado en el artículo 238 de la CPE. En los casos de candidatos, como el gobernador Félix Patzi o el senador Óscar Ortiz, aplica la obligación de renunciar tres meses antes. Para el presidente Morales, no. La diputada Norma Piérola presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para eliminar esta obligatoriedad.