Desmontado el teatro de operaciones envolventes destinados a bendecir al binomio ilegal e ilegítimo del MAS, queda claro que la conmoción producida por su periplo chapareño atizó el fuego de la reivindicación del voto del 21-F, crispó el ánimo de la ‘clase política’ opositora. Lo relevante, inyectó una dosis de adrenalina a cientos de miles de ciudadanos que votaron No a la reelección y reconocen estar intoxicados por la corruptela y la trama narcopolicial-judicial-política, que inunda la cartelera informativa.

Y es que, a cinco meses del 20 de octubre, el efecto Almagro deja una huella en el escarpado terreno en que se mueven los candidatos opositores. Todas las encuestas indican que de concentrarse el voto opositor llegaríamos a una segunda vuelta. Pese ello, avizoramos una carrera polarizada y la imposibilidad de consolidar una candidatura única no siendo la hora de aquellos binomios afanados por disputar los votos residuales, aun a riesgo de perder la sigla partidaria.

Pese a la imposibilidad señalada, hay tareas a encararse unitaria y rigurosamente. Una de ellas tiene que ver con el operativo de control electoral en miles de mesas de votación ese 20 de octubre, acción cuya contundencia pasa por movilizar a la ciudadanía y por constituir plataforma interpartidaria en red para realizar el cómputo de resultados y de actas oficiales verificadas en mesa y de las impugnaciones oficiales que correspondan. Hoy como nunca el fraude es un fantasma que se instala testarudo en el imaginario de la gente.

El segundo reto pasa por diseñar una estrategia territorial opositora convergente para evitar la dispersión del voto en las 63 circunscripciones uninominales que, por mayoría simple, podría favorecer al MAS. Ingeniería electoral compleja que más que generosidad exige una visión estratégica, inteligente y colaborativa en el bloque opositor.

La tercera tarea consiste en contar con una machacona campaña destinada a denunciar ante Bolivia y el mundo el cotidiano uso y abuso de los recursos públicos bajo la batuta de un caudillo que ejerce sin límites el hiperpresidencialismo clientelar. Y es que el camino al fraude, en clave populista, está empedrado de prácticas que en cualquier país que se precie de democrático caerían en la categoría de delitos electorales. Por más objetiva que sea la misión de observación electoral de la OEA, esta no dará cuenta del perverso efecto acumulativo que tendrán estas malas prácticas consustanciales a la campaña oficialista, en el comportamiento electoral del ‘dia d’. Más aun al evidenciar la sumisión del órgano electoral ante los designios del Ejecutivo, en una elección que marcará un hito en la historia política democrática del país.