Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: miércoles 22 de mayo de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Democracia paritaria
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Gracias a la lucha de las mujeres organizadas, Bolivia es uno de los países que más avanzó en el marco normativo a favor del ejercicio de su participación política, desde las cuotas mínimas de inclusión de mujeres en las listas de candidatura hastacia la adopción de un orden normativo fundado en los principios de equivalencia, paridad y alternancia. Sin embargo, siendo el mundo público de la toma de decisiones y del poder político uno de los espacios que más resistencia reporta, en los últimos años, muchas mujeres que ejercen su derecho a la participación política han sido acosadas y violentadas de múltiples formas, incluyendo la muerte.
Contenido
ntre las gestiones 2012 a 2018, la Fiscalía General del Estado recibió, a nivel nacional, 237 denuncias por actos de acoso y violencia política. Por su parte, el Observatorio de Paridad Democrática dependiente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) informó que entre el 1 de enero y el 27 de setiembre de 2018 se presentaron 90 denuncias y renuncias por acoso y violencia política ante el Órgano Electoral Plurinacional, y datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia reportan que durante esta gestión, hasta la fecha se han registrado 27 casos.
Ante la gravedad de la problemática, el 20 de junio de 2018, mediante Resolución Camaral N° 25/2018, se conformó la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos actos de acoso político y/o violencia política hacia Asambleístas Mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objeto de: 1) realizar acciones de investigación, 2) realizar entrevistas, inspecciones y solicitar la información que sea requerida a personas e instituciones públicas y privadas y 3) elaborar recomendaciones, medidas y mecanismos de prevención y sanción a adoptarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En marzo de este año, esta comisión conformada de forma multipartidaria por las tres fuerzas políticas que conforman la Cámara de Diputadas/os emitió un informe de conclusiones y recomendaciones. Sin embargo, llama profundamente la atención la transitoriedad de esta comisión, las someras recomendaciones realizadas y que, habiendo recibido ocho denuncias de actos de acoso político, solo cuatro hayan sido derivadas a los comités de etica de ambas cámaras para que abran procesos de investigación, tratamiento y sanción de los actos cometidos, demostrando de esta manera, la instrumentalización de un tema tan sensible y la ausencia de voluntad política para encararlo.
No cabe duda de que el acoso y la violencia política constituyen un óbice a la democracia paritaria, y más aún en la coyuntura electoral actual. El reto pendiente estriba en garantizar el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres, libre de violencias y en igualdad de condiciones, tanto en los niveles del Estado, como en la cultura de los partidos, agrupaciones ciudadanas, sindicatos y en los aspectos más informales del manejo de los poderes.
