Pero como en nuestro país todo se puede y hay que meterle nomás, el parágrafo 3 del artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “No podrán acceder a cargos públicos electivos quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente”. 

Sin lugar a dudas, este hecho presenta varios cuestionamientos que se suman a la ya ilegal repostulación de Evo y Álvaro a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente. En primer lugar, se les presenta un dilema ético, aunque sabemos que la ética no es algo que valoren demasiado. Al seguir al mando del país, mientras son candidatos, podrán utilizar los medios y los recursos del Estado para su campaña, tal como ya lo han venido haciendo. 

Las transmisiones en vivo por el canal estatal mientras Evo o Álvaro van entregando obras es un ejemplo de lo que menciono.  Además, esta acción puede constituirse en presunta corrupción pública, ya que los candidatos ilegales estarán utilizando recursos del Estado para fines particulares, el dinero de nuestros impuestos para su campaña. 

Incurrirían además en una infracción grave establecida en el inciso f) del artículo 99 de la Ley de Organizaciones Políticas que reconoce como tal “la utilización de los recursos económicos o financieros del Estado (…) en acciones políticas u orgánicas de la organización política”.

En segundo lugar, bajo esta figura de ser mandatarios y candidatos ilegales al mismo tiempo, el Presidente y sus colaboradores podrán obligar a los funcionarios públicos que trabajan en el Estado a que, de manera directa o indirecta, realicen campaña a su favor usando métodos y discursos coercitivos.

Se repetiría la amenaza: “si no apoyas en la campaña, te olvidas de tu trabajo” y se recurriría a las viejas mañas que ya practicaron en el pasado, dónde masistas chupamedias y de alto rango, rondaban por las concentraciones sacando fotos y llamando lista para comprobar que “nadies” haya faltado. Pobrecito el que no se haya anotado en la lista o no haya salido en la foto, recibiría memo de despido por no apoyar la proclamación de los “salvadores de la patria”.

 Prueba de lo que menciono tiene que ver con las actuales denuncias de funcionarios descontentos que cuestionan la “convocatoria obligada”  para el inicio de campaña de los candidatos ilegales del MAS. Las redes sociales fueron el medio de difusión más utilizado por los antimasistas, que trabajan por necesidad en el gobierno central, para denunciar que les obligaron a viajar a Chimoré con sus propios recursos. Una de las denuncias establece que el costo del viaje ida y vuelta se acercaría a unos 1.000 bolivianos. 

“Muchos compañeros deberán pedir prestado para asistir a proclamar a un candidato que es ilegal y que además no queremos”, sostiene otra denuncia. Al parecer existió la obligatoriedad en cada dependencia estatal de asegurar la presencia de por lo menos el 50% de sus funcionarios. 

En fin, nuevamente el MAS, pone en evidencia sus intenciones de perpetuarse en el poder, a como dé lugar. No le importa si se cumplen o no las normas, no importa si pisotean la democracia, no importa si la gente se da cuenta. Tienen la segura intención de volver a Bolivia un Estado autoritario dónde todas las instituciones estén a su favor para seguir en la línea de fomentar la ilegalidad, encubrir hechos de corrupción y de narcotráfico.

 Si los bolivianos no reaccionamos ante estos hechos evidentes que nos están llevando por un camino sin retorno, tendremos que asumir que, más temprano que tarde, pasaremos a ser una dictadura en la que unos pocos se seguirán enriqueciendo en desmedro de la gran mayoría del pueblo, que se preguntará con mucha bronca: ¿por qué no hice nada?