Rostros anónimos, promesas incumplidas, mismos errores

En pocas semanas se realizará la segunda elección de magistrados en Bolivia. La primera experiencia se realizó en 2011 y dejó muchos sinsabores;  los resultados fueron simplemente deplorables.

 

Recordemos rápidamente algunos problemas. En primer lugar, el proceso de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional fue apresurado, poco transparente y generó desconfianza por la imposición de mayorías por encima de cualquier criterio referido a los méritos de los y las postulantes.  En segundo lugar, el proceso de difusión fue insuficiente y no existió un conocimiento real de quiénes eran los y las candidatas. Tercero, aunque se insistió en que no se trataba de una elección con fines políticos, dichos intereses  terminaron contaminando el proceso. 

 

Recordemos las tarjetas que se repartían a la población como guía para el voto, con los números por los que el elector debía votar y su posición en la papeleta  –al estilo de una tarjeta de bingo-, denotando una total falta de respeto, tanto a la ciudadanía como a los candidatos. 

 

Cuarto, y lo más grave,  en dicha elección los votos blancos y nulos triunfaron ante  los votos válidos, de manera que la mayoría de las autoridades investidas en los cargos lo hicieron con menos del 10%, en varios casos con menos 3% de la votación. Y quinto,  más grave aún, con este innovador sistema de elección directa, lejos de mejorar el funcionamiento del Órgano Judicial,  empeoró, demostrando que era el camino equivocado. 

 

Seis años más tarde insistimos en aplicar el mismo mecanismo de elección, al cual se han introducido algunas intenciones de mejora por parte del Órgano Electoral, pero que estructuralmente arrastra los mismos problemas anteriores.  ¿Qué parte  de la mala experiencia pasada no entendimos para seguir  insistiendo? ¿Es tanta la ceguera política y las ansias de control que ni siquiera se intentó cambiar el procedimiento? De hecho, este tema hubiera ameritado una reforma puntual a la Constitución.

 

Si observamos atentamente la difusión de las imágenes y discursos de los candidatos a las distintas instancias del Órgano Judicial en los medios de comunicación concluimos que, como ciudadanos, nos convertimos en espectadores pasivos frente a una realidad obvia y a la vez desconocida.

 

Vemos pasar frente a nuestros ojos diversos rostros con nombres desconocidos, hombres y mujeres  en cuyos discursos se destacan diferentes aspectos problemáticos del sistema de justicia y compromisos más o menos enfáticos que proponen mejorar o transformar la gestión de la justicia.

 

¿Quién no podría estar de acuerdo con cualquiera de sus propuestas, o mejor dicho con todas a la vez? ¿Quién de nosotros no queda asombrado ante los candidatos comprometidos con sus anhelos como  digitalizar y modernizar el sistema, mejorar la eficiencia y la capacitación del personal, reforzar la independencia de poderes, coordinar con otros niveles del Estado, resolver los problemas de retardación de justicia, eliminar la corrupción, institucionalizar… etcétera?

 

 Detrás de esta lista de imágenes y palabras, que por sus características seguirá siendo totalmente anónima para la mayoría de los ciudadanos  hasta el día de la elección, están las grandes preguntas sobre la utilidad de este proceso con un alto costo para el país, y que más bien se convierte en un pretexto para confrontar al oficialismo con la oposición. 

María Teresa Zegada es socióloga y analista.