Se trata del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) que procesa casos de violaciones a los derechos de la Madre Tierra y de sus habitantes. Es un tribunal cuyas sentencias no son vinculantes, pero que tiene fuerza ética porque sus integrantes son personalidades de talla internacional que defienden el medioambiente y trabajan en contra de la depredación de la naturaleza.

Una segunda ironía es que los 26 miembros del citado tribunal sean activistas, académicos e intelectuales que apoyaron al presidente Evo Morales y que vieron en él a un verdadero defensor de la Madre Tierra. Es más, estuvieron presentes en la cumbre de Tiquipaya, como cuenta el también activista Pablo Solón.

Una tercera ironía es que el Presidente sancionado haya sido declarado héroe mundial de la Madre Tierra por la presidencia  de la ONU y que haya promovido ante ese organismo internacional la aprobación de los derechos de la Madre Tierra.

El fondo del asunto es que la retórica del mandatario no se correspondía con la práctica diaria. Mientras se proclamaba como un medioambientalista recalcitrante en el mundo, en Bolivia continuaba adelante con sus políticas depredadoras del medioambiente.

En el afán de aplicar una de esas políticas es que decidió construir una carretera por el corazón del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los habitantes de aquel territorio rechazaron la obra, denunciaron que no fueron consultados tal como manda la Constitución y en 2011 emprendieron una marcha hacia La Paz. En Chaparina, a medio camino, fueron reprimidos por la Policía, que intentó desbaratar la movilización. No lo logró. Los indígenas llegaron a La Paz y su sola presencia fue la evidencia palpable de que el Gobierno había tropezado con su propio discurso y que había dejado de ser ecologista e indigenista.

Pese a todo, el Gobierno insistió en llevar adelante una consulta amañada para aprobar la construcción de la carretera y, hace poco, terminó la construcción de tres puentes de la misma.

Frente a esa incursión, el Tribunal de la Naturaleza se constituyó en el TIPNIS en agosto del año pasado para verificar si era cierta la denuncia de los indígenas de que sus derechos estaban siendo violados.

Esta semana, el citado tribunal emitió su sentencia, en la que establece que el Estado boliviano “ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS”. En ese marco, ha decidido sancionarlo con la aplicación de 12 medidas que ordenan paralizar de forma inmediata y definitiva cualquier obra estatal en el parque, detener la colonización hacia la reserva, anular los planes de expansión petrolera y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chaparina.

La sentencia, por tanto, pone el dedo en la llaga en al menos cuatro serios conflictos que agobian al TIPNIS. Por un lado, está la evidencia de que el Gobierno está construyendo infraestructura caminera y, por otro, que ha establecido bloques de exploración petrolera que comprometen aproximadamente 35% del territorio del parque. Existen otros dos problemas que tienen que ver con la acción de grupos civiles delictivos. El primero de ellos es el de los colonizadores que presionan al parque con sus asentamientos y la explotación ilegal de madera. Y, por otro lado, pone de relieve el vínculo existente “entre la producción de hoja de coca en el Polígono siete y actividades de narcotráfico”.