Conviene señalar que el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza constituye una organización no gubernamental impulsada por el propio presidente Morales en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra que se ha celebrado en Tiquipaya el año dos mil diez. Esta característica del Tribunal viene a ser su fortaleza al dictar una sentencia que, sin ser vinculante ni coercitiva, cobra una fuerza ética y moral que pone en evidencia al Gobierno. De hecho, si el Gobierno asume ese peso específico del dictamen final, se vería obligado a paralizar las obras que se llevan adelante en el Tipnis, que se han concretado bajo instrumentalización legal y con pleno conocimiento de las transgresiones.
 
Sin embargo, todo indica que el Gobierno tratará de soslayar el dictamen resaltando que desconoce y cuestiona la legitimidad del mencionado tribunal, porque -sostiene- esta organización no tiene ninguna representación institucional, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que sus resoluciones no tienen carácter oficial ni jurídico. Esto resulta más enfático si se toma en cuenta que la resolución final del tribunal mencionado exige la inmediata paralización de obras del proyecto vial sobre el Tipnis; la abrogación de la Ley 989 y la elaboración de otra norma para su conservación; identificación y sanción de los responsables de la represión en Chaparina y vigencia de la Defensoría de la Madre Tierra conforme a la Ley 71.
 
Si se analiza de manera serena, las exigencias resultan coherentes con el ideario de la intangibilidad del Territorio Indígena Parque Nacional “Isiboro Sécure” que, de una y otra forma ha sido eludida por el Gobierno mediante maniobras que ha calificado de legales y legítimas, pese a la oposición de representantes de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Sin duda, el accionar del oficialismo se ha sustentado en prioridades políticas antes que las ideológicas sobre el medio ambiente. Es más, todo señala que será inflexible en sus propósitos y que se concretará, más temprano que tarde esa carretera que atravesará el Tipnis, con todas las consecuencias ambientales que se prevén. Con mayor razón si solo falta por construir el tercer y último tramo.
 
El dictamen del Tribunal Internacional de Derechos de la Madre Naturaleza tiene que incomodar, por fuerza, al Gobierno. En primer lugar porque le recuerda principios olvidados sobre la Madre Tierra, y que han sido transgredidos por intereses políticos. En segundo lugar, porque le confronta un escenario de futuro de suyo conflictivo, con un impacto ambiental que no puede ignorarse sin más. Sin duda, es una respuesta política a un accionar político. Esta respuesta debe mover a la reflexión sobre lo que se pregona y lo que se hace desde el Gobierno. La resolución del Tribunal de la Naturaleza señala que se han vulnerado los derechos de la Naturaleza, los individuales y colectivos de los pueblos y naciones indígenas asentados en el Tipnis. Toda una ardiente verdad.

La resolución del Tribunal de la Naturaleza señala que se han vulnerado los derechos de la Naturaleza, los individuales y colectivos de los pueblos y naciones indígenas asentados en el Tipnis. Toda una ardiente verdad.