Es el caso del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que tiene una ley de protección expresa, la número 180, promulgada con ese fin el 24 de octubre de 2011. El parágrafo I del artículo 1 de esa norma declara al Tipnis “patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia” mientras que el parágrafo III señala que “se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, como zona intangible”.

La ley tiene cinco artículos y todos están orientados a proteger no solo al Tipnis sino a sus habitantes. Por si fuera poco, el artículo 3 “dispone que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS”.

Pese a la claridad de esas leyes, el gobierno anunció la construcción del referido camino. Se le dijo que era ilegal pero no escuchó. Se le dijo que estaba violando los derechos de la Madre Tierra, a la que dice defender; pero no escuchó. Se le dijo que violaba los derechos de los pueblos indígenas, de los que dice formar parte; pero no escuchó. Tan emperrado estaba en la famosa carretera que alimentaba los rumores en el sentido de que esta favorecerá a los narcotraficantes para que saquen su droga por vía terrestre hacia un país tan importante como el Brasil.

Y es que, al margen de esa versión, ¿cómo se podría explicar semejante despropósito? Al comprender que, en efecto, había vulneración expresa a toda una ley, la administración de Evo Morales recurrió a un artilugio: promulgó otra ley, la número 969, anulando la intangibilidad del Tipnis. O sea… para que no sea tan evidente que está violando una ley, lo que hace es anularla. ¡Terrible!

Esas fueron las razones que determinaron que se denuncie al gobierno boliviano al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) que, aplicando no solo la normativa extraterritorial sino, fundamentalmente, las mismas leyes bolivianas, falló concluyendo que “el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los Derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS en calidad de defensores de la Madre Tierra, a la vez que ha incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos de la Madre Tierra según lo establecido en el propio marco jurídico nacional y la normativa internacional relacionada”.

Es tan justiciero este fallo que el gobierno del presidente Evo Morales ni siquiera puede calificarlo de político ya que los jueces que lo firman son personas relacionadas con o afines ideológicos al Movimiento Al Socialismo (MAS). Es más… el TIDN fue constituido en Cochabamba, Bolivia, a convocatoria del MAS, en reunión realizada del 19 al 22 de abril de 2010.

Pero el gobierno desafía nuevamente la lógica y dice que analizará el fallo. Es decir… no piensa acatarlo porque no le conviene. Si actúa así frente a la justicia internacional, ¿qué hará si los resultados electorales le son desfavorables?.. ¿lo mismo que está haciendo con el 21F?