El Tribunal Supremo Electoral en su hora crucial

El berrinche de Evo Morales por no soltar el manubrio del poder ha llevado a Bolivia a un corto circuito terminal entre los máximos cuatro órganos de lo que la Constitución llama el poder público de Estado.

De entre estos órganos el Legislativo y el Judicial, representado por el Tribunal Constitucional Plurinacional  (TCP), no cuentan ya como actores para una solución al dilema: aquél, porque su mayoría es marioneta del Ejecutivo, y éste por obsecuente, pues en temas que hacen a Morales, sentencia según lo que le faxean desde La Paz. 

 Del Poder Ejecutivo ni hablar, pues pasa que su cabeza, Evo Morales, si bien no es marioneta ni obsecuente, ha acabado preso de una enfermiza relación con el poder; en otras palabras, lo suyo ha dejado el campo de la natural ambición de todo político por el poder, para pasar a ser un tema de garrapatismo compulsivo por el trono, que ya es más tema de siquiatría que de ciencia política. 

 En beneficio de Evo habrá que reconocer que no es la primera vez que un líder acaba en situación terapéutica, y que si bien hacerse hacer un museo estando vivo ya fue un síntoma evidente del trastorno referido, eso de lejos es más suave que las extravagancias de otros líderes arrebatados, como las de Gadafi que exigía una guardia personal con 30 damas certificadamente vírgenes. 

 Sí, el mismo Gadafi que en 2003 le diera a Morales un premio por los derechos humanos, probablemente incluyendo el derecho humano que ya sabemos. Queda pues sólo el tribunal supremo electoral (TSE) como posible dirimidor. De él depende que Bolivia vuelva a la órbita de legalidad, frenando el intento de Morales por participar a como dé lugar en las elecciones de 2019. 

 A los vocales les cae una tarea de enorme peso moral, no sólo legal. Legal porque simple y llanamente, como lo han recordado pertinentemente la presidenta del TSE Uriona y el vocal Exeni, “los referendos son de cumplimiento obligatorio” y eso implica que aunque bajara Dios para ratificar la estupidez de que la reelección sería un derecho humano, primero tiene que consumarse el que en 2019 el Jiliri Irpiri no pueda re- re- postularse.  El TSE está obligado por el ordenamiento vigente a rechazar su inscripción como candidato. 

 Para sustentar este rechazo, los vocales ni siquiera tienen que entrar al debate sobre el evidente vicio procesal y material en el que incurrieron los tunantes del TCP al emitir su fallo de marras. Es suficiente que esgriman los artículos 15 de la Ley 026,  23 de la Ley 018 y el 235 de la Constitución, que los conminan a actuar confirme a derecho.

 Decía, sin embargo, que no es sólo un tema  legal, sino moral. Si los vocales no optaran por enderezar las cosas, no sólo serán susceptibles de juicios por haber ido contra la normativa, sino que, sin su mediación, es probable que la crisis a la que ha llevado el capricho de Morales pueda desembocar en violencia y, en el peor de los casos, en pérdida de vidas. 

 Es cierto que no se puede subestimar la intríngulis en la que se hallan inmersos los vocales. Su actitud hasta ahora cauta es incluso relativamente entendible. Por un lado, no hay que descartar que estén esperando que sea el mismo Morales el que acabe entrando en razón. O que más de uno de ellos esté genuinamente desorientado por las mañudas explicaciones legalistas del jurista de la Corona, el Ministro de Justicia, que los engatusa disfrazando el atropello masista de algo que “se enmarca a derecho”.

 Tampoco se puede descartar que algún vocal crea de buena fe que democracia es que un indígena gobierne o que significa una pluralidad de tipos de democracias; o qué se yo, sin darse cuenta que la democracia es primero un sistema que basa el cambio de gobernantes sobre reglas que no se pueden cambiar a gusto del príncipe. 

 No es, por tanto, justo prejuzgar de entrada y suponer que si al final lo vocales se quebrarán, habrá sido por mero oportunismo, militancia o cobardía; por lo menos no en el caso de los vocales, sobre los que la opinión pública conoce su respetable trayectoria.  Sea como fuera, si los vocales finalmente sucumben, habrán abierto la posibilidad de una salida insurreccional legítima que, en un futuro, debería además ser legal, habida cuenta de que nunca faltarán los caudillos frenéticos que no se van por la buenas.

 En efecto, la nueva Constitución que sustituya a la actual debe constitucionalizar el principio que una vigente y respetada Constitución europea hoy contiene, a saber, que “contra cualquiera que intente eliminar (el) orden (constitucional) todos... tienen el derecho de resistencia cuando no fuere posible otro recurso”. Eso sí: si el TSE no viabiliza a tiempo la solución pacífica a la debacle macro-institucional, a la que nos ha arrastrado la hibris de Morales, y la insurrección prospera, ésta se llevará por delante al presidente fastidioso y a los desidiosos vocales, en uno.
 
Franz Xavier Barrios  Suvelza es economista.