37% de candidatos judiciales trabajaron en el Gobierno

Página Siete  / La Paz 

 

El  37% de los candidatos a altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional trabajaron en diferentes ministerios y entidades dependientes del Gobierno del presidente  Evo Morales, según el estudio que realizó el Equipo de Investigación Líder.

 

En agosto pasado, luego de una maratónica sesión de más de 30 horas, la Asamblea Legislativa –en la que el Movimiento Al Socialismo (MAS)  tiene más de dos tercios- seleccionó a 96 candidatos para las elecciones judiciales,  previstas para el próximo 3 de diciembre. 

 

De los 10 candidatos que seleccionó para el Consejo de la Magistratura, ocho  trabajaron en los ministerios de Desarrollo Rural, Defensa, Gobierno, Culturas, de la Presidencia y de Educación. Los cargos que ejercieron fueron de asesores jurídicos. Uno de ellos trabajó como director de Régimen Penitenciario.

 

Los restantes dos postulantes, que no tuvieron funciones en el Gobierno, trabajaron  en entidades dependientes del sistema judicial. 

 

En el caso del Tribunal Agroambiental -para el que fueron seleccionados 14 candidatos- 12 prestaron sus servicios en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y el  Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El resto,  en otras  entidades estatales.    

 

De los 36 seleccionados para  el Tribunal Supremo de Justicia, cinco fueron jefes, asesores jurídicos y abogados de los ministerios de Justicia, de Cultura, de la Cámara de Diputados y de la Procuraduría General del Estado. 

 

El restó ejerció cargos en  las entidades del sistema judicial, como en juzgados y Fiscalía.

 

Mientras que para el  Tribunal Constitucional, 11  de los 36 candidatos ejercieron funciones en diferentes ministerios, como de Justicia, de Gobierno, de Minería, de Salud y de la Presidencia. 

 

Más del 50% de los 96 candidatos ejercieron como jueces, vocales y/o magistrados judiciales, fueron operadores del sistema judicial, defenestrado por autoridades del Gobierno, señala el estudio.  En ese marco, el trabajo concluye que los datos  "generan razonable duda acerca de la idoneidad ética –e incluso legal– para ejercer el delicado cargo de juez nacional”.