Esta demanda es parte de una sentencia difundida por el tribunal, integrado por organizaciones no gubernamentales que son parte de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, en el caso de una polémica carretera que el Ejecutivo boliviano construye en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Tras una amplia exposición y análisis de los antecedentes del caso, el tribunal concluye que el Estado boliviano «ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del Tipnis».

El Gobierno de Bolivia «debe asegurar la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de infraestructura vial» dentro del parque, indica el documento.

También demanda la abrogación de una ley promulgada en 2017 que anuló la «intangibilidad» del parque nacional, dando vía libre al proyecto carretero.

El tribunal exige la aprobación de otra norma que garantice la conservación de la reserva, así como el respeto de los derechos de sus habitantes, además de medidas que detengan el avance de la colonización hacia la zona núcleo del Tipnis, entre otras disposiciones.

El Tipnis es una reserva natural de alrededor de 1,2 millones de hectáreas entre la región central de Cochabamba y la amazónica de Beni, rica en biodiversidad.

El parque es también el hogar de indígenas de las etnias chimán, mojeña-trinitaria y yuracaré, aunque también tiene un área de colonización llamada «polígono siete» en la que se han instalado desde mediados del siglo XX migrantes de la zona andina «que basan su economía en la producción de hoja de coca», recordó el tribunal.

El proyecto para construir la carretera data de 1985, pero fue declarado «de prioridad nacional» por el Gobierno de Evo Morales en 2006.

Los indígenas opuestos al proyecto marcharon desde la Amazonía a La Paz en 2011 y 2012 como protesta, al considerar que abriría la puerta a la destrucción del parque y a las invasiones de productores de hoja de coca de la zona vecina del Chapare, el bastión sindical y político de Morales.

El mandatario firmó una ley que declaró «intangible» la reserva, pero luego la anuló con otra norma tras una consulta a comunidades indígenas, en medio de críticas por la forma en que se hizo.

Las autoridades defienden que el proyecto carretero permitirá el desarrollo de la zona.

Según el tribunal, el primer tramo de la carretera, que llega hasta el límite sur del parque, ya fue concluido en 2016, mientras que el de dentro de la misma reserva ya cuenta con tres puentes construidos en el «polígono siete».

El tribunal alertó de que la carretera «profundizará la colonización hacia la zona núcleo» generando las condiciones para la producción de hoja de coca, lo que podría significar la pérdida de unas 610.848 hectáreas de bosque en 18 años.

La expansión de la zona colonizada supondrá, además, una «paulatina desaparición, asimilación o expulsión de los indígenas», sentenció.