La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, y el diputado Alcides Gallardo de Unidad Demócrata (UD) presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de  inconstitucionalidad abstracta para que ya no sea obligatorio que los servidores públicos renuncien a sus cargos para poder ser candidatos en las elecciones generales.

Ambos legisladores buscan, en concreto, que se declare como inconstitucional el numeral 3 del artículo 238 de la Constitución Política del Estado. El artículo establece las causales por las que una persona no podrá acceder a cargos públicos electivos.

Y el numeral 3 de ese artículo señala de manera textual que no podrán acceder a cargos públicos electivos “quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República”.

Es decir que si el TCP da pie al pedido de ambos legisladores, actuales ministros, diputados y senadores podrán seguir ejerciendo sus funciones y también ser candidatos a diputaciones y senadurías en las elecciones de octubre.

En ese sentido, y habiéndose presentado el recurso el 16 de abril de 2019, el TCP en su Comisión de Admisión, se encuentra en Plazo para admitir o negar la solicitud de Piérola.

Fuentes consultadas por el portal Oxígeno.bo, confirman que es poco probable que el caso no sea admitido, pues sería ir en contra de la Jurisprudencia definida por la Sentencia Constitucional 84/2017, que declaró la “aplicación preferente” del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y habilitó la figura de la reelección indefinida en el país.