Asimismo, pide detener la construcción de la carretera y anular la Ley 969 de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure promulgada el 13 de agosto de 2017 y que anuló la intangibilidad de esa reserva natural dando lugar a varios proyectos, entre ellos proyectos educativos, de salud y viales. Esta norma es apoyada por un grupo de indígenas que viven en esa región.

La administración del presidente Evo Morales desestimó en reiteradas ocasiones el efecto de ese tribunal.  Los trabajos de construcción fueron suspendidos tras perderse el crédito para su ejecución, aunque se dio paso al levantamiento de tres puentes como parte de una tarea de rehabilitación de los pasos afectados por desastres naturales.

"Es una resolución enunciativa, no es vinculante, es simplemente para titulares de la prensa", afirmó un legislador del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

“El Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS en calidad de defensores de la Madre Tierra”, cita el fallo divulgado por ese tribunal.

A denuncia de un grupo de indígenas, el tribunal aceptó considerar el caso en enero de 2018 y decidió enviar una comisión internacional de observadores que visitó esa región, que comparten los departamentos de Cochabamba y Beni, para entrevistarse con las partes involucradas, entre el 15 y el 23 de agosto de ese mismo año.

La misión conformada por el ecuatoriano Alberto Costa, el estadounidense Shannon Biggs, el argentino Enrique Viale y la sueca Hana Begovic presentó su informe en enero de este año ante los tribunos.

En dicho documento —explicó la jueza Casey Camp Horinek que representanta al grupo originario Ponca— se presentó “evidencias suficientes en sentido de que la carretera ampliará la deforestación ya presente en el Polígono 7 y llevará a la expansión de la producción de hoja de coca y la afectación de la biodiversidad y la pérdida de diferentes seres de la naturaleza”.

El TIDN además declaró que Bolivia “a la vez ha incumplido su obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos de la Madre Tierras, según lo establecido en su propio marco jurídico nacional y la normativa internacional”, precisó el juez de India, Ashish Kothari, en un video publicado en las redes sociales.

Francesco Martone, otro de los jueces, esta vez de Italia, en el mismo audiovisual explicó que en 2008 “el gobierno de Evo Morales contrató a la empresa OAS de Brasil para la construcción de una carretera que dividiría el área protegida del TIPNIS sin nunca llevar a cabo un estudio de impacto ambiental en los tres tramos en los que se fragmentó esta carretera”.

Añadió que “en octubre de 2011, la octava marcha indígena, después de sufrir la represión de fuerzas policiales en la localidad de Chaparina, logró la promulgación de la ley 180 de protección del TIPNIS que en su artículo 3 prohibía expresamente que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos o cualquier otra atravesara por el TIPNIS”.

“Seis años después, en 2017, la ley 180 fue abrogada por la Ley 969 y es el motivo principal que llevó a la presentación de este caso ante el TIDN", añade.

El informe de la comisión que visitó Bolivia en 2018 establece además que existen “evidencias de que no se realizó una consulta previa para el consentimiento informado y de buena fe de los indígenas” y “que los procesos de colonización en el Polígono 7 tienen ya impactos negativos en la vida de estos pueblos”.

Medidas de reparación

El juez de Sudáfrica Cormac Cullinan explicó que la sentencia propone varias medidas de reparación inmediatas, entre las que se destaca “la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de infraestructura vial en el denominado tramo II desde Isinuta a Monte Grande en el interior del TIPNIS”.

Asimismo, recomienda “la abrogación de la Ley 969 y posterior elaboración y promulgación de una ley que garantice la conservación y protección  del TIPINIS”, añadió Patricia Gualinga, jueza de Ecuador.

Lo que dijo el Gobierno

Cuando llegó la comisión, el Gobierno de Evo Morales los calificó como “miembros de una red de ONGs” que “no tiene ningún estatus oficial”. Los extranjeros pidieron reunirse con el presidente Morales, pero solo consiguieron cita con el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza surge como resultado de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, alentada por el gobierno de Evo Morales en 2010. En esa ocasión se adoptó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y un grupo de ONG decidió constituirlo, aunque sin ningún respaldo institucional.