Una de estas encuestas fue la realizada en abril por la empresa Mercados y Muestras, contratada por un medio de difusión de la derecha, que estableció un 34% de apoyo al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera; mientras que el 28% respaldó a Carlos de Mesa y Gustavo Pedraza.

Otro estudio fue efectuado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que mostró que un 45% de los encuestados votaría por Evo, cuya gestión de gobierno recibió el respaldo de dos de cada tres consultados (64%), que la consideran entre Muy Buena / Buena / Regular / Bien.

Según la empresa Tal Cual Comunicaciones, el Presidente obtendría el 35,6% de respaldo, seguido por De Mesa y Óscar Ortiz. El 15 de febrero, la encuestadora Captura Consulting encontró que Morales lidera la intención de voto con el 33,4%. 
Estas cifras de empresas privadas ajenas al Gobierno muestran una tendencia inocultable/favorable a la reelección de Morales. 

A esos indicadores se suman las movilizaciones territoriales y el apoyo explícito de los movimientos sociales y organizaciones sindicales como la COB, la CSUTCB, mineros, cocaleros, interculturales, juntas de vecinos y otros sectores que se sumaron a la Revolución Democrática y Cultural que impulsa el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la redistribución de la riqueza, la inclusión y la estabilidad. 

Frente a esa realidad, la derecha formuló (al menos) sus planes A, B y C para evitar la victoria de Morales. Su plan A es el internacional: 12 legisladores opositores solicitaron, mediante una carta, la intervención del mandatario de EEUU, Donald Trump, en asuntos internos de Bolivia, mientras otros actores de oposición instaron al canciller de Brasil, Ernesto Araújo, a que pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una interpretación sobre la “reelección indefinida” para poner en cuestión la legitimidad de la postulación de Morales. 

El plan B opositor se sitúa en el campo nacional. Consiste en seguir en el escenario electoral, cumplir los requisitos, hacer campaña, desgastar lo más que se pueda (incluida la guerra sucia) al Gobierno para lograr la segunda vuelta electoral, en la que espera unirse para vencer al actual Presidente.

El plan C (término usado por Reymi Ferreira en un artículo publicado en La Razón el 17-4-2019) apuesta por el desastre, es decir, atacar lo más que se pueda al árbitro electoral, desgastarlo, deslegitimar las elecciones con cualquier pretexto y denunciar fraude en caso de que la victoria corresponda a Morales.

En otras palabras, el plan C de la derecha es patear el tablero.
Es en este contexto que se puede entender las palabras expresadas por el candidato Carlos de Mesa, quien ayer, al referirse a su reunión prevista con el Secretario General de la OEA, dijo que se puede producir un fraude electoral. 

“Queremos que la observación de la OEA no sea una observación de carácter formal, que tome en consideración que podemos vivir un proceso de manipulación y eventualmente fraude, es una posibilidad alta”, manifestó De Mesa, según el portal digital de Erbol (https://www.erbol.com.bo/noticia/politica/15052019/mesa_el_fraude_es_una... ). Lo llamativo de este escenario es que la élite de la Iglesia católica maneja un similar lenguaje cuando dice que “no se puede aceptar el control o la manipulación de los votos como instrumento de poder”. (Comunicado de los obispos del 7-5-2019).