Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 16 de mayo de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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Aunque ahora mismo hay asuntos de mayor intensidad que ocupan la atención, como los escándalos narcopoliciales o las primeras expresiones de guerra sucia en la campaña política, el caso Neurona –investigado por Página Siete- quedará como evidencia de cómo este Gobierno ha dispuesto sin control de cuantiosos recursos públicos para su propaganda y cómo se ha formado un círculo internacional de “voluntarios-activistas-solidarios” que, so pretexto de la comunión de ideas/ideologías, lucran con ello.
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Aunque nada despreciables, los montos de los contratos con la firma Neurona son una bagatela en comparación con otros millonarios y opacos negocios que se han investigado en estos años. 12,4 millones de bolivianos son una minucia en relación, solo por dar un ejemplo, con los más de 100 millones del Fondioc.
Pero, lo que no puede ser soslayado es: 1) La naturalidad con que se manejan fondos sin rendir cuentas, contratando empresas de “amigos” a los que, además de retribuirles generosamente por sus productos, costean viajes, estadías y supuestamente trabajos en otros países; y 2) La escasa autocrítica (o complicidad) del entorno que maneja la comunicación del Gobierno para admitir que los productos, el aporte de estos compañeros “voluntarios-activistas-solidarios” es de mala factura, con sobreprecio y sobreestimación, y que vulnera el supuesto principio de privilegiar a los productores bolivianos.
Esto, sin mencionar que a raíz del escandalete propiciado por el productor mexicano de la empresa de marras, quien con dos publicaciones en redes sociales ha querido -al parecer- dar una advertencia a sus contratistas para que no lo incomoden más de lo debido, se puede adivinar que aunque se simulen desacuerdos, la política comunicacional gubernamental es la misma para todos y que, seguramente, no habrá ningún responsable que rinda cuentas sobre estos contratos.
La exministra Gisela López, quien los suscribió, no ha dado explicación alguna y las actuales autoridades, aunque por lo visto estaban informadas de la existencia de esta empresa y sus productos, no se harán cargo de la factura. Sería una verdadera sorpresa que la Contraloría, quien tiene ahora en sus manos la investigación a pedido del ministro Manuel Canelas, llame la atención sobre algún punto. Pero, siempre cabe el beneficio de la duda.
Por lo demás, si ese es el modo de obrar de la propaganda gubernamental en periodos normales, habrá que ver con cuantas “neuronas” se defiende el proceso de cambio en tiempo de elecciones. Seguramente los voluntarios están prestos a cooperar.
