El veredicto, que es de carácter ético y moral, fue emitido después de 18 meses. El Tribunal abrió el caso en  noviembre de 2017, cuando Fabián Gil y Marqueza Teco, dirigentes indígenas  del TIPNIS, denunciaron, en Alemania, que el Gobierno impulsa la construcción de una carretera  “atravesando el corazón” de esa reserva natural.

 Después de la denuncia, el Tribunal conformó una comisión para que verifique “in situ” la presunta violación. Esa delegación llegó a Bolivia  en  agosto de 2018  y  se reunió con indígenas del TIPNIS y recopiló, además,   información y  antecedentes del caso.   

Esa documentación fue evaluada por los miembros del Tribunal, cuyos integrantes  señalaron  que el área del norte del TIPNIS “se encuentra seriamente amenazado por la colonización y deforestación”  y que hay “presión por parte de exploradores ilegales de madera y asentamientos de colonizadores”.

   Esa instancia también  identificó que el Gobierno, a través de diferentes disposiciones, “ha venido estableciendo bloques de exploración y explotación petrolera, que comprometen aproximadamente al 35% del territorio indígena”.

Los integrantes del Tribunal analizaron  la documentación que les proporcionó  el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Ese material -indicaron los jueces-  revela “vínculos entre la producción de hoja de coca en el Polígono Siete y actividades de narcotráfico”.

Esa entidad evidenció que el Gobierno ejecutó entre 2017 y 2018 la construcción de tres puentes (Isiboro, Ibuelo y Sazama) dentro  del TIPNIS, pese al rechazo de los indígenas que se oponen a la construcción de la vía.   

Con esas evidencias, el Tribunal resolvió que el Estado  de Bolivia “ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS” y, a la vez,  ha “incumplido con su obligación de respetar, proteger  y garantizar los derechos de la Madre Tierra”,   pese a que así lo establecen  las normas bolivianas.

 En consecuencia, el Tribunal dispuso 12 medidas de cumplimiento inmediato, entre las que figuran: paralizar cualquier construcción vial al interior del territorio indígena, aprobar una ley de protección de la reserva y  adoptar medidas efectivas para detener el avance de la colonización hacia el núcleo del TIPNIS.  También dispuso que se anulen  los planes de expansión petrolera en ese  territorio.  (Más detalles en la infografía)

“No es el imperialismo que ha sentenciado en contra del Gobierno,  sino son aliados del proceso de cambio, del presidente Evo Morales,   que están tirando de las orejas de la administración gubernamental”,  expresó el investigador y activista  Pablo Solón.  

La sentencia fue firmada -destacó Solón-  por personalidades que luchan a nivel mundial por la defensa de la naturaleza y que llegaron a Bolivia en 2010 para asistir a la Cumbre de Tiquipaya, Cochabamba, cuando Morales impulsó la creación de un  tribunal internacional.
 

Piden sanción  por Chaparina 

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza instó  a Bolivia a “identificar y sancionar” a los responsables de la represión a la marcha del  TIPNIS, caravana que en 2011 se movilizó en  contra de la construcción de la carretera por esa reserva.  
“El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe identificar y sancionar a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos en 2011,  en Chaparina”, se lee en el punto seis  de las medidas  de “cumplimiento inmediato” que dispuso el Tribunal Internacional.

 El 15 de agosto de 2011, alrededor de 1.000 indígenas de tierras bajas  partieron hacia La Paz, desde la ciudad de Trinidad,  en defensa del TIPNIS. El 25 de septiembre de ese año, la movilización fue intervenida  por la Policía en Chaparina.

Un “informe confidencial” que realizó el general Edwin Foronda, exinspector general de la Policía, indica  que el ministro de Gobierno de entonces, Sacha Llorenti,  ordenó  intervenir  la caravana.  La orden se habría dado  para resguardar la vida del entonces canciller David Choquehuanca, quien  aquella vez se reunió y luego fue retenido por mujeres indígenas que pedían garantías para continuar con su  marcha.  

Página Siete  intentó comunicarse con Llorenti -hoy embajador de Bolivia ante la ONU-  para tener su versión. No obstante,  no se tuvo éxito.

Después de los hechos, el Ministerio Público inició las pesquisas para dar con los responsables  de la intervención. Sin embargo, ocho años después  el caso  está paralizado.