La maniobra diplomática boliviana ha sido envolvente y honra la tradicional viveza alto peruana con su sello plurinacional y populista. Presumo que, al agendar su visita, Almagro no conocía que su llegada, el 17 de mayo, coincidiría con la víspera del multitudinario acto de proclamación del binomio Morales–García Linera, considerado ilegal e ilegítimo, por más de la mitad de la población boliviana que se opuso a su cuarta postulación. En este contexto, era políticamente correcto programar un encuentro con el bloque de oposición al prorroguismo hiperpresidencial.

A la par de informarse in situ, sobre el exitoso modelo de lucha contra el narcotráfico, Almagro conocerá que el 94% de la producción de coca en esa región no pasa por mercados legales, que en Chapare se registró un 17% de incremento de cocales tras la polémica aprobación de una ley que privilegio su legalización, pese a no destinarse al consumo tradicional. Ya el organismo de control de estupefacientes de la ONU manifestó su preocupación al respecto. Escuchará que por allí campea la intolerancia política prohijada por una red de sindicatos cocaleros presididos por su carismático anfitrión. Que el castigo a la disidencia política no es anécdota.

Almagro arribará pocas horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza contra el gobierno de Evo Morales por no preservar ni velar por la Madre Tierra en el Tipnis, colindante con Chapare. Llega cuando no termina de esclarecerse cuán profundo caló la corrupción de una red de policías de alta jerarquía coludida con el narcotráfico. Casualmente, uno de ellos fungía hasta hace unas semanas como encargado de dirigir las acciones de erradicación y eliminación de cocales en Chapare. Pudo ser parte del comité de recepción.

Pero no hay que rasgarse las vestiduras. Más allá de conjeturas en torno a la visita, importa reiterar que, pese al deterioro y desconfianza que inspira la actuación del Órgano Electoral y una competencia electoral desigual, valoraremos la presencia de la Misión de Observación Electoral de la OEA. Que no olvidamos la vehemencia con la que se pronunció contra el desconocimiento de la voluntad popular vinculante expresada el 21-F. Aún reconocemos su aporte al anticipar una opinión jurídica autorizada en sentido de que la reelección indefinida no es un derecho humano de los poderosos. En su momento el Gobierno descalificó su labor. Pero como todo pasa, hoy le damos la bienvenida. Confiamos en que no perdió la memoria. Así sea.