Almagro está muy activo en la defensa de la democracia venezolana y ha sido duro con el controvertido Nicolás Maduro, al igual que con el régimen cubano. En cambio, su actitud ante Nicaragua es mucho menos activa y con el Gobierno de Bolivia sostiene un comportamiento que bien podría llamarse bipolar o ambivalente. Poco después del referendo del 21 de febrero de 2016, el funcionario expresó: “Evo Morales deberá respetar la decisión popular que dijo no a la reelección; ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”. Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que permite la reelección indefinida como “derecho humano”, Almagro dijo: “La reelección presidencial no es un derecho humano y eliminar sus límites hace retroceder una democracia”. Luego de intercambiar críticas con el mandatario boliviano -quien por su lado pronunció fuertes palabras contra el funcionario internacional- he aquí que todo cambió luego de una entrevista de ambos en Washington. Allí Almagro aseveró que tenía una “excelente imagen” del mandatario y calificó al presidente Morales de “adalid de la equidad social”.

En las últimas semanas fue Evo Morales quien arreció críticas contra el secretario de la OEA por favorecer a la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó. De su lado, Almagro no dijo nada. En este ambiente singular -por decir lo menos- en materia de giros de opinión, el funcionario llegará mañana a nuestro país. Tendrá reuniones diversas (incluyendo grupos opositores) y hará una breve visita a Chapare para que allí -según expresiones gubernamentales- “observe la lucha contra el narcotráfico”. Las Naciones Unidas han reiterado que la coca del lugar se destina en un 90% a la producción de cocaína. Chapare es además el reducto político de Evo Morales, quien en simultáneo con la Presidencia del Estado ejerce la presidencia de los productores de coca de esa región.

La visita de Almagro culminará con la firma de un acuerdo sobre observadores para las elecciones de octubre. El convenio convalidaría que la OEA y su principal ejecutivo consideran legítimo el acto electoral, reconociendo el fallo del TCP en desmedro del voto popular del 21-F. Habrá que ver si es coherente con las palabras que expresaron defensa del voto soberano en el referéndum. Es otra controversia que ya veremos de qué manera será dilucidada.