El Gobierno desconoció el fallo y al Tribunal de Derechos de la Naturaleza aduciendo que sus decisiones no son de carácter vinculante. Este tribunal fue impulsado por el presidente Evo Morales durante la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra que se celebró en Tiquipaya en 2010.

La sentencia fue presentada ayer por dirigentes del Tipnis en un acto público simultáneo en las ciudades de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Trinidad. Aseguran que el fallo responde a la lucha férrea de los pueblos indígenas y originarios en defensa de su territorio y los derechos de la madre tierra.

Contrariamente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua emitió un comunicado en el que desconoce la legitimidad del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza porque “no tiene ninguna representación institucional, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, sus resoluciones no tienen carácter oficial ni jurídico” señala el comunicado oficial.

El fallo dispone la paralización inmediata y definitiva de cualquier avance en la construcción de infraestructura vial entre Isinuta y Montegrande, la abrogación de la Ley 969 y posterior elaboración y promulgación de una ley que garantice la protección y conservación del Tipnis. Además, contempla la sanción a los responsables por las vulneraciones de los derechos humanos perpetradas durante la represión en Chaparina, ocurrida el 25 de septiembre de 2011 y, por último, la vigencia de la Defensoría de la Madre Tierra establecida en la Ley 71 de los Derechos de La Madre Tierra.

La presidenta de la organización de mujeres del Tipnis, Marquesa Teco Mojoriri, celebró la sentencia y pidió al Gobierno su inmediato cumplimiento. “Pedimos al Gobierno que cumpla este fallo porque han pisoteado nuestros derechos y está escrito en la Constitución la protección que merecemos del Estado”, arguyó la dirigente indígena.

Por su lado, el director regional de Fundación Tierra, Alcides Vadillo, explicó que la sentencia “no es de cumplimiento obligatorio porque el Tribunal no puede establecer medidas de fuerza contra un Gobierno porque no está conformado por gobiernos”.

Vadillo señaló que si bien el tribunal carece de un mecanismo coercible frente al Estado, “se trata de un tribunal serio que cumplió todo un procedimiento formal, notificando a denunciantes y denunciados y envió comisiones para la investigación.

Los miembros del tribunal estuvieron en Bolivia en agosto de 2018 y enfrentaron dificultades en el trópico de Cochabamba, donde fueron retenidos por dirigentes cocaleros.

Por su lado el director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Hernán Ávila Montaño, indicó que el fallo es una esperanza para los defensores de la naturaleza. Sin embargo, aclaró que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza tiene un carácter ético y moral muy fuerte, porque está compuesto por personalidades de relevancia en la defensa de la naturaleza y el medio ambiente.

A su vez, el dirigente del territorio indígena multiétnico del bosque Chimán, Bernardo Moyba, manifestó que, “el desconocimiento del Gobierno al fallo del tribunal atenta contra los derechos de los indígenas y responde a su lógica extractivista”.