Estableció que ha incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de la Madre Tierra, de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico nacional y la normativa internacional relacionada, dice la parte conclusiva del TIDN que fue presentado este miércoles 15.

Asimismo, el tribunal considera que el Estado ha violado los derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígenas del TIPNIS, establecidos en la Constitución Política del Estado; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en complementariedad, compatibilidad e interdependencia con los Derechos de la Naturaleza tal como lo declara el art. 9 de la Ley No. 300.

La denuncia contra el Gobierno fue presentado por representantes de la Subcentral del TIPNIS y la organización de mujeres del TIPNIS ante el tribunal durante su sesión en Bonn, Alemania el 7 y 8 de noviembre de 2017.

El Tribunal aceptó considerar el caso en enero del 2018 y decidió enviar una Comisión Internacional de Observadores a Bolivia para constatar los hechos y entrevistarse con todas las partes involucradas. Después de su visita a Bolivia, la comisión conformada por Alberto Acosta (Ecuador), Shannon Biggs (EUA), Enrique Viale (Argentina) y Hana Begovic (Suecia), presentó su informe en enero del 2019, en base al cuál el Tribunal emite la respectiva sentencia por la cual concluye que en el caso del TIPNIS el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los Derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas en calidad de defensores de la Madre Tierra, a la vez que ha incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos de la Madre Tierra, según lo establecido en su propio marco jurídico nacional y la normativa internacional relacionada.

La región que hoy se conoce como TIPNIS fue denominada “la selva más hermosa del mundo“ por el famoso naturalista francés Alcides D’Orbigny (1802-1857).

Este territorio se convirtió en la “Loma Santa”, en la “Casa Grande” donde los pueblos indígenas Mojeño Trinitarios, Yuracares y Tsimanes encontraron refugio durante la “fiebre del caucho” a fines del siglo XVIII y principios del siglo IXX.

Esta región fue declarada Parque Nacional en 1965, y en 1990, después de la Primera marcha por el territorio y la dignidad indígena, asumió la doble categoría de Parque Nacional y Territorio Indígena.

El 13 de febrero de 2009, los pueblos Yuracaré, Tsimane y Moxeño Trinitario obtuvieron el título ejecutorial saneado por 1.091.656 hectáreas, cifra disminuida respecto de la demanda inicial debido a los asentamientos de migrantes y de los valles que se dedicaron principalmente a la plantación de cultivos de hoja de coca en la zona que se conoce como el “polígono 7” dentro del TIPNIS.

El año 2008 el gobierno de Evo Morales contrató a la empresa brasileña OAS para la construcción de una carretera que dividiría el área protegida del TIPNIS, sin nunca llevar a cabo un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental integral o una consulta previa de los tres tramos en los que se fragmentó esta carretera.

En octubre de 2011, la Octava Marcha Indígena, después de sufrir la represión de fuerzas policiales en la localidad de Chaparina, logró la promulgación de la Ley 180 de protección del TIPNIS que en su artículo tres prohibía expresamente que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos o cualquier otra a travesara por el TIPNIS.

Seis años después, en 2017, la ley 180 fue abrogada por la ley 969 y es el motivo principal que llevó a la presentación de este caso ante el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza.

El informe de la Comisión Internacional de Observadores que visitó Bolivia entre el 15 y el 23 de agosto del 2018 presentó evidencias suficientes en sentido de que la mencionada carretera ampliará la deforestación ya presente en el polígono 7, y llevará a la expansión de la producción de hoja de coca, a la afectación de la biodiversidad y a la perdida irreparable de diferentes seres de la naturaleza.

Asimismo el informe de la comisión presenta evidencias de que no se realizó una consulta previa para el consentimiento libre, informado y de buena fe a los pueblos indígenas del TIPNIS y que los procesos de colonización en el polígono 7 tienen ya impactos negativos en la vida de estos pueblos.

En base a todas estas evidencias el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza encuentra probada la denuncia de que el Estado Plurinacional de Bolivia y en particular el Gobierno de Evo Morales Ayma violan los derechos de la Madre Tierra en el caso del TIPNIS. Así mismo el Tribunal considera que el Estado boliviano ha violado los derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígena del TIPNIS.

El documento en su integridad puede ser leído y descargado en este enlace.