La ampliación de la querella fue presentada por el dirigente vecinal, Severino Torrez en diciembre de 2018; en los recientes días se conoció que se procedió a imputar formalmente a la concejal Villca, además de los exfuncionarios Gloria Romano Villegas, Carlos López Mamani, Rolando Gordillo, Carlos Claros Zárate y Diego Gutiérrez, por los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.

Ante esta situación, la concejal Villca indicó que no fue notificada sobre esta imputación, pero que, pese a no conocer oficialmente, sostuvo que le preocupa la determinación judicial, toda vez que son 11 los miembros del Concejo y además existen comisiones encargadas de revisar documentación, que no aparecen como imputados, sino solamente ella, por lo que realizará su defensa en la vía legal como corresponde.

"Supuestamente mi persona como concejal secretaria retuvo un mes documentación, pero debo hacer conocer que nunca tuve en mis manos documentos relacionados a este caso, ya que no llega ningún legajo directamente a mi oficina, lo que me preocupa es que, de 11 concejales, la imputación llegue solo a mí, existiendo otros responsables, creo que se está cometiendo una injusticia", sostuvo la autoridad.

Mientras tanto el presidente del Concejo, Osvaldo Olivera, se manifestó sobre el rechazo a la solicitud de querella en su contra, que tampoco conoce oficialmente porque no fue notificado, pero explicó que de ser así respeta las acciones del Ministerio Púbico. Respecto a la imputación formal contra Villca, sostuvo que se reserva su opinión y deja a criterio de las autoridades competentes.

ANTECEDENTES

El caso "mochilas" sindica a exautoridades por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado en la compra irregular de 41.000 mochilas dentro el programa "Mi carpeta" en la gestión 2016-2017, las que deberían haber sido confeccionadas en territorio nacional, pero fueron importadas desde China, ocasionando una afectación económica al municipio de unos 2 millones de bolivianos aproximadamente.

Por este hecho, el exalcalde, Edgar Bazán, fue imputado y enviado a la cárcel de San Pedro de manera preventiva, el 12 de mayo de 2018, aunque casi cinco meses después consiguió medidas sustitutivas para defenderse en libertad.