Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 15 de mayo de 2019
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Habló del compromiso europeo con el fortalecimiento institucional y específicamente mencionó el apoyo “para mejorar el padrón electoral”. Finalizó la alusión invocando a que “en octubre el pueblo boliviano escoja a sus líderes en un proceso limpio y transparente”. Fin del discurso.
Las críticas a este diplomático van porque no mencionó el 21F y la ilegalidad consiguiente de unas elecciones en las que el candidato presidente del país no debería participar. También se critica que se financien proyectos que apoyen a un TSE que está demostrando sumisión al poder político. Estos comentarios tienen sus razones: es totalmente evidente la ilegalidad de la candidatura de Evo Morales, así como es clara la dependencia del TSE al oficialismo, y no será raro que, como sucedió en las pasadas primarias, los reglamentos que se elaboren o los planes que se financien con dinero europeo vayan a favorecer al proyecto del MAS.
Pero, hay que decirlo, las representaciones diplomáticas establecen relaciones con los gobiernos y es con ellos y con el Estado que deben privilegiar sus acciones, más aún si son de cooperación. Estas representaciones no tienen que tener una connotación ni un fin político, pues esto se podría considerar injerencia y mal haría un embajador en proclamar en un discurso oficial su opinión sobre un asunto político que concierne estrictamente a los bolivianos.
Por ello, es especialmente injusta la referencia e interpelación a De la Torre, pues él, con todas las restricciones que le da su cargo e investidura, ha expresado en varias oportunidades su opinión sobre, por ejemplo, el estado de la justicia y también sobre la libertad de expresión.
Hace pocos meses, el representante de la Unión Europea en Bolivia declaró que el país perdió 30 millones de euros que estaban destinados a la reforma integral de la justicia debido a que el gobierno del MAS no formuló oportunamente los planes. En entrevista con Página Siete sostuvo: “No hubo cooperación en justicia porque tardaron en formular planes”. Este mismo embajador también fue parte de un grupo de representantes diplomáticos de Europa que apoyaron específicamente a Página Siete en uno de tantos momentos en los que el Gobierno del MAS atacó su trabajo.
Tienen razón quienes desconfían del uso que puede dar el Gobierno a cualquier ayuda que reciba de la cooperación internacional, pero atacar por ello a los representantes diplomáticos que cumplen con su mandato es parecido a lo que hacen frecuentemente los políticos: pretender matar al mensajero por el mensaje.
Es cierto que muchos organismos internacionales tristemente se han sometido a este gobierno, incluso arriesgando su prestigio (hablamos, por ejemplo, de algunas oficinas de NNUU). También es cierto que hay otros organismos como la Secretaría General Iberoamericana, sin gran prestigio internacional, que no tienen más aspiración que ser funcionales a los gobiernos de turno –fue anecdótica la visita de su representante, Rebeca Grynspan, quien se despachó un discurso panegírico en el que usó las cifras que quiso de la manera que mejor le acomodaban a su propósito–. Otros, como el representante de la OEA, Luis Almagro, padecen de algún grado de bipolaridad, a juzgar por lo cambiante de sus posiciones.
Con todo, no es el caso de la Unión Europea. Y hay que decirlo: nobleza obliga. Esta representación, además, es uno de los pocos apoyos efectivos que le queda a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, que, como vemos en estos días, es un asunto que debería preocupar al oficialismo y a la oposición.