Este miércoles, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios realizarán una conferencia para socializar la sentencia y posteriormente una ronda de comentarios y análisis sobre el fallo en la ciudad de La Paz.

De manera paralela se llevarán a cabo similares eventos en la ciudad de Cochabamba en el Auditorio del Arzobispado; en Trinidad, Beni, se realizará la conferencia en el Cabildo Indigenal, en el municipio de San Ignacio de Moxos la presentación será en el Salón Parroquial y en la ciudad de Santa Cruz se organizó en el Salón María Eugenia Canedo de APCOB.

En noviembre de 2017, en la ciudad de Bonn Alemania, la subcentral de Pueblos Indígenas y la subcentral de Mujeres Indígenas del TIPNIS denunciaron al gobierno de Evo Morales ante el TIDN, por la violación de la Madre Tierra al anular la Ley 180 de protección del territorio indígena.

El TIDN envió al país una Comisión de Observadores conformada por Alberto Acosta (Ecuador), Enrique Viale (Argentina) y Shannon Biggs (Estados Unidos) para ingresar a la zona objeto de vulneraciones y reunirse con los indígenas del territorio, colonizadores y el Gobierno.

En enero de este año, la Comisión presentó su informe en el que estableció que el Estado boliviano vulneró los derechos de la Madre Tierra, por lo tanto, recomendó sancionar al Gobierno; el documento será puesto a consideración del pleno del tribunal y este 15 se conocerá su fallo.

Asimismo, en su informe señalan que existen suficientes evidencias de las vulneraciones como: deforestación en el polígono siete (zona a la que no pudieron ingresar por el rechazo de los colonizadores); expansión de la producción ilícita de hoja de coca; explotación forestal en el Sécure Alto; afectación en la generación hídrica; afectación a los bosques, la fauna y la flora; amenaza petrolera; impactos en la vida de los pueblos indígenas; ataques a defensores de la naturaleza y crisis institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

El TIDN es una instancia conformada por jueces y juezas de la sociedad civil con trayectoria ética y científica, si bien sus fallos no tienen carácter vinculante a los Estados, tienen un peso y carácter ético.